Los municipios catalanes dejarán de cobrar cerca de 14,4 millones de euros anuales de IBI una vez expire la concesión de la AP-7, la AP-2, la C-32 y la C-33 el 31 de agosto, de acuerdo con las cantidades que Abertis pagó en el 2020, según ha podido saber la ACN. El fin de los peajes implicará que decenas de municipios por donde transcurren autopistas como la AP-7 entre la Jonquera y Tarragona y el tramo catalán de la AP-2 entre el Vendrell y Zaragoza dejen de percibir este recursos. Aparte, algunos ayuntamientos también cobraban el IBI de las áreas de servicios. Algunos de los alcaldes explican a la ACN que perderán entre un 10 y un 20% del presupuesto municipal o ingresos importantes para servicios como el jardín de infancia y reclaman soluciones para evitar el bajón de ingresos.
Esta pero no será la única consecuencia una vez expire la explotación de los peajes de la AP-7 y la AP-2, que pasarán a ser gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la C-32 y la C-33, que dependen de la Generalitat. También está el debate pendiente de resolverse sobre como se mantendrán estas vías de alta capacidad y, a pocos meses que estas vías reviertan a las administraciones públicas, no se ha aprobado ningún modelo.
En las comarcas gerundenses, el fin de la concesión de la AP-7 supondrá que los 27 municipios por donde pasa la autopista dejen de cobrar 3,75 millones de euros en concepto de IBI. Entre los más afectados, están Sant Julià de Ramis (Gironès), donde el año pasado estos ingresos fueron de 367.650,41 euros. Su alcalde, Marc Puigtió, asegura que desde un principio ya se curaron en salud, y en vez de destinarlo a gasto corriente decidieron ponerlo a inversiones. Pero también admite que esta cantidad supone el 10% del presupuesto –en el pueblo, es de 3 millones de euros- y hasta la mitad de las inversiones.
"Nos veremos afectados, y por eso tenemos intención de pedir al Estado algún tipo de compensación", concreta Puigtió. De hecho, el alcalde ya ha pedido a la Diputación que haga un informe para ver si eso es viable. Y también tiene intención de convocar un encuentro con el resto de ayuntamientos afectados del Gironès para intentar hacer frente común e ir a la una.
"Es muy injusto que tan sólo hayamos cobrado esta cantidad durante pocos años", dice Puigtió, en referencia a que antes del 2017 el concesionario tenía bonificado hasta un 95% del impuesto. "La autopista hace más de 50 años que pasa por el término municipal, y como afectados tendríamos que vernos compensados", concreta al alcalde.
En Bàscara, un 20% del presupuesto
El IBI que Abertis pagó el año pasar al Ayuntamiento de Bàscara (Alt Empordà) ascendió a 268.690,21 euros. El alcalde, Narcís Saurina, explica que esta cifra representa "un 20% del presupuesto municipal" y admite que la pérdida de estos ingresos deja las cuentas en una situación preocupante.
Saurina recuerda que el Ayuntamiento hace años que está pagando una deuda heredado (110.000 euros al año) y que los ingresos por el IBI representaban una entrada de oxígeno. "Nos permitía ir pagando la deuda y hacer pequeñas inversiones", ha apuntado al alcalde. Ahora, sin embargo, Saurina tiene claro que "vienen tiempos de estrecharse el cinturón".
La única esperanza que mantiene el Ayuntamiento de Bàscara es que la Generalitat desencalle el desarrollo urbanístico del polígono de Orriols. Saurina aprovecha para pedir "más empatía con las necesidades del territorio" a la Comisión de Urbanismo y obtener así una nueva fuente de ingresos.
Y en Sils (Selva), el Ayuntamiento está a la espera de la liquidación que se hará en el IBI de este mismo año. Según el alcalde, Eduard Colomé, "el escenario es un punto incierto" porque la concesión no finalizará con el cierre del año y eso dificulta la previsión de los ingresos reales para este 2021.
La AP-2 a su paso por Sant Julià de Ramis / ACN
Sea como sea, anualmente Sils perderá 286.861,74 euros de los 5,6 millones de euros que tiene de presupuesto municipal. El alcalde prevé que, sin tener este "balón de oxígeno", lo primero que caerá serán nuevas inversiones. Colomé admite que la pérdida de esta fuente de ingresos comportará "un replanteamiento del gasto" municipal, pero sin afectar "al bolsillo del ciudadano". Por eso, asegura que no quiere "asustar" a los vecinos y garantiza que los servicios actuales que da el municipio se mantendrán.
En el tramo de la AP-7 que transcurre por comarcas como el Vallès, Baix Llobregat y Penedès, Acesa dejará de pagar unos 2,8 millones de euros a los municipios. Sant Celoni será uno de los más afectados, con 470.790 euros que ya no percibirá a partir del año que viene, junto con Fogars de la Selva (301.573), Llinars del Vallès (260.663 euros) o la Roca del Vallès (256.148 euros), donde hay uno de los principales peajes. Además, algunas de estas localidades también recibían un importe extra si tenían ubicada una área de servicio, como Llinars el Vallès.
En la C-33, el ayuntamiento que dejará de percibir un importe más elevado es el de Montcada, concretamente 133.584 euros por sus cinco kilómetros de tramo por esta vía, además de 16.246 euros por el área de servicio ubicada en el término municipal. En total, son seis localidades que sumadas dejarán de cobrar 350.439,42 euros al año.
Un impacto de más de 3 millones de euros para los municipios tarraconenses
Los 27 municipios de las comarcas tarraconenses por donde pasan el AP-2 y la AP-7 dejarán de percibir 3,14 millones de euros correspondientes al IBI a partir del 2022. En términos absolutos, la ciudad de Tarragona es la que más dinero dejará de ingresar porque es la que suma más kilómetros de autopista. En concreto, percibe 533.000 euros anuales, el equivalente a un 0,3% del presupuesto. En el Vendrell le corresponden 306.000 euros, un importe que supone el 0,5% de los ingresos municipales.
El impacto mayor, sin embargo, lo sufrirán municipios pequeños que cuentan con largos tramos largos de autopista. Es el caso de Vila-rodona (Alt Camp), de 1.300 habitantes. El Ayuntamiento dejará de recibir 174.000 euros por los 8,2 kilómetros de la AP-2 que cruzan el término, lo cual supone el 9,2% del presupuesto anual. El Ayuntamiento prevé compensar parcialmente esta merma con una subida del IBI industrial en los polígonos con el fin de no "desequilibrar" las cuentas, según adelanta a la ACN el alcalde, Ramon Maria Bricollé.
"Lo que no haremos es repercutir en la población este menor ingreso que tendremos", garantiza el alcalde de Vila-rodona, que da "por perdida" cualquier opción de percibir dinero con el traspaso de la vía en el Ministerio de Transportes. A pesar de todo, señala Bricollé, la parte positiva de todo es que los vecinos que hacen uso diariamente "no tendrán que pagar peaje cada día para ir a trabajar" después de más de 40 años.
Por su parte, el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès (Baix Penedès) dejará de cobrar 235.000 euros por la AP-7, un 7,5% del presupuesto. El alcalde de este municipio de 3.200 habitantes, Amadeu Benach, recuerda que cobran el 100% del impuesto desde el 2017 -antes estaba bonificado al 95%- y que, en su caso, los han dedicado a enjuagar en gran parte una deuda de 1,2 millones de euros. "No los hemos destinado a fuegos artificiales porque sabíamos que eso caducaría", defiende Benach en la ACN.
A pesar de todo, el alcalde admite que si pudieran cobrar el IBI un año más tendrían la capacidad de acelerar importantes proyectos municipales. "Es como si nos sacaran la mejor empresa del municipio", resume. De cara al futuro, el alcalde se muestra partidario de implementar la viñeta a todo el estado español para dejar de ser "los únicos que pagamos peajes". Además, propone que municipios pequeños por donde cruza la autopista perciban una pequeña parte de los ingresos correspondientes a esta tarifa plana. "Hay que ponerse en el siglo XXI", defiende Benach.
2,9 millones de euros de IBI en el Maresme
El paso de la C-32 genera un impacto de 2,9 millones en concepto de IBI en los ayuntamientos del Maresme que a partir del 1 de septiembre de este año también dejarán de ingresarlos. Entre los más afectados están Mataró (377.000 euros), Arenys de Mar (368.000 euros), Palafolls (277.000 euros), Sant Pol de Mar (276.000 euros) y Calella (224.000 euros).
La alcaldesa de Arenys de Mar, Annabel Moreno, afirma que a pesar de la "satisfacción" por el hecho de que los conductores dejen de pagar peaje, la liberación de la autopista supondrá un "descalabro económico" para muchos municipios. La autopista pasa por 23 de los 30 municipios de la comarca, que actualmente generan ingresos por este concepto.
Peaje de la C-32 en Arenys de Mar / ACN
"Tener o no este dinero se notará muchísimo. Si el del 2021 ya ha sido un presupuesto de contención, en el 2022 tendremos que dejar de hacer ciertas inversiones o recortar servicios", avisa la alcaldesa de Arenys de Mar. El ayuntamiento tiene un presupuesto de unos 18 millones de euros y el impacto del IBI de la autopista es de un 2%.
Otro de los municipios más gravemente afectados es Palafolls, que con un presupuesto de unos 10 millones de euros dejará de ingresar 277.000 euros el próximo año. "Hay muchos pocos contribuyentes que paguen una cantidad de este tipo y adaptarnos generará un impacto increíble en una situación de gran complejidad a nivel social y económico", avisa el alcalde, Francesc Alemany.
Para medir este impacto, Alemany imagina que supondría concentrar todo el IBI en un único servicio municipal: "Con este dinero se pagan servicios enteros, como el jardín de infancia, la escuela de música o una temporada de servicio de la piscina municipal. Es una cantidad de dinero que permite hacer muchas cosas".
En todos los municipios, estos ingresos tampoco han sido siempre íntegros por la bonificación que había hasta hace unos años, y que hacía que los ingresos fueran, en muchos casos anecdóticos. "Eso todavía hace más hirientes las circunstancias", se lamenta el alcalde de Palafolls.
Los municipios leridanos dejarán de ingresar 1,3 millones
Los dieciséis municipios de Lleida por los cuales discurre la AP-2 dejarán de ingresar en total 1,3 millones de euros anuales en concepto de IBI con el levantamiento del peaje de la autopista. Se trata de Aitona, Soses, Torres de Segre, Sudanell, Montoliu de Lleida, Lleida, Alfés, Albatàrrec, Artesa de Lleida y Puigverd de Lleida, en el Segrià, y Castelldans, Juneda, les Borges Blanques, Vinaixa, l'Albi y Tarrés, en les Garrigues. En el caso de las Borges i Alfés, además del IBI por el paso de la autopista también se incluye lo que reciben por las áreas de servicio situadas en los dos términos municipales.
Las poblaciones leridanas más afectadas serán l'Albi y Castelldans que dejarán de percibir cada año de IBI por la AP-2 unos 159.000 y 157.000 euros, cantidades que suponen un 10% y un 15% de su presupuesto municipal, respectivamente. El alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, explica que destinaban este ingreso a subvencionar el jardín de infancia, el hogar de jubilados y otras mejoras para el pueblo. "Son actuaciones que difícilmente podemos cubrir con el IBI de urbana o rústica y no podemos repercutirlo subiendo impuestos a los vecinos", señala. Anna Feliu, alcaldesa de l'Albi, también resalta que no disponer de este dinero los obligará a "dejar de hacer algunas cosas".
Los consistorios leridanos por donde pasa la AP-2 se están planteando de hacer un frente común para reclamar al Estado algún tipo de compensación por la pérdida de estos ingresos vía IBI, explica Llovera. "Si es una infraestructura estatal no puede ser que lo tengamos que pagar los municipios pequeños, que siempre somos los más perjudicados", denuncia al alcalde de Castelldans.
Imagen principal: Peaje de la AP-2 en l'Albi / ACN