La consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, y la ministra de Empleo y Seguridad Social del gobierno español, Fátima Báñez, han firmado este lunes en Barcelona un convenio que establece la creación de la Comisión Interadministrativa del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El acuerdo, que el Estado español firmará también mañana con el gobierno del País Vasco, contempla mejorar la colaboración entre administraciones con el fin de hacer frente al fraude y fomentar puestos de trabajo de mejor calidad.
En esta línea, la ministra Báñez ha resaltado que Catalunya contribuye en "primera persona" en el fomento del empleo, con 341.599 puestos de trabajo recuperados, un 54% de los destruidos durante la crisis, y con un incremento de la contratación indefinida del 15% durante el 2016. Bassa ha apuntado que, en los ámbitos de comercio, industria y hostelería se ha conseguido transformar 3.268 contratos temporales en indefinidos. Por eso, ha agradecido el reconocimiento que ha hecho público la ministra Báñez. "Queremos ser solidarios al máximo, queremos cooperar en la mejora de todo el Estado", ha señalado. "Gracias por el apoyo, pero este tiene que venir acompañado a qué haya un cambio a fin de que podamos seguir siendo motor, pero con todas las competencias propias", ha añadido.
El Plan de Lucha contra el Fraude en la Seguridad Social y en el ámbito del trabajo, que se puso en marcha el año 2012, ha permitido un ahorro de 17.772 millones de euros al sistema. Un impacto económico global acompañado del hecho de que hayan "aflorado" a todo el estado español un total de 419.291 puestos de trabajo irregulares (58.000 de las cuales, en Catalunya), 5.985 empresas ficticias y la conversión de 253.000 contratos temporales de manera indebida, en indefinidos.
"La suma multiplica resultados"
Báñez ha recalcado que en la lucha contra el fraude "la suma multiplica resultados en forma de trabajo de más calidad". Sobre el convenio, la ministra ha apuntado que mejorará la colaboración con las diferentes administraciones que tienen competencias en Inspección de Trabajo, como es el caso de Catalunya y el País Vasco. Además, estas administraciones tendrán "autonomía" en este ámbito. Por su parte, Bassa ha destacado que el Govern de Catalunya tendrá más "voz" en los criterios para impulsar campaña en el marco de la Inspección de Trabajo.
"Podremos establecer criterios, tener voz en los programas de inspección y planificar los recursos humanos" ha dicho sobre el acuerdo. La Comisión Interadministrativa del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se reunirá dos veces el año. La consellera también ha destacado que la actividad de Inspección de Trabajo se verá reforzada este 2017 con la incorporación de 18 nuevos técnicos habilitados que empezarán a ejercer su actividad en febrero. Se sumarán a los 98 inspectores de trabajo y 16 técnicos existentes en este momento, intensificando las tareas de seguimiento y control en materia de prevención de riesgos laborales.
El lugar escogido por la firma ha sido la sede de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en travessera de Gràcia de Barcelona. Han asistido el delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo; el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; el director general de la Inspección de Trabajo, José Ignacio Sacristán, el secretario de la Conselleria de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta y la directora general de la Inspección de Trabajo, Luz Bataller.