El gobierno español ha vuelto a aplazar la aprobación del mecanismo que tiene que permitir el retorno de las cláusulas suelo sin que los afectados tengan que recurrir a los juzgados, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía. De hecho ya estaba previsto que se aprobara en el último Consejo de Ministros del año pasado y no se hizo. Este miércoles pasado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió que los bancos no disponen de "medios materiales" ni "gente suficiente" para gestionar las devoluciones de las cláusulas suelo en tres meses e instaba a los abogados a ejercer un papel de mediación para intentar alcanzar un acuerdo entre las entidades y los ciudadanos que reclamen los importes.
De esta forma, ponía en cuestión el mecanismo que, según ha adelantado también el consejero de Economía, a Luis de Guindos, facilitará acuerdos extrajudiciales en este mismo plazo de tres meses. De Guindos dio por hecho que el mecanismo se aprobaría este viernes pero una vez más, no ha sido así. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el gobierno español confía en que las negociaciones con el PSOE y Ciudadanos "lleguen a buen puerto como antes mejor". A la espera del apoyo suficiente, el aplazamiento también permitirá al gobierno cumplir con el trámite de consulta en el Banco Central Europeo (BCE) al tratarse de una norma en lo referente al sistema financiero.
Según Catalá, a los bancos "les importa mucho" poder resolver estos litigios de "manera rápida" porque también están interesados en tener una "buena reputación". El ministro se mostraba partidario de llegar a un acuerdo que no implique la tramitación del caso en sede judicial, pero admitía que finalmente será el último recurso si las dos partes no llegan a ningún entendimiento. Todo ello después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se hizo pública a finales del año pasado que dictaminaba que la banca tiene que devolver íntegramente el dinero pagado de más cobrado a sus clientes por las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios.