La Generalitat y el sector público que depende de ella adjudicó el año pasado un total de 8.517 contratos por 1.439 millones de euros, un importe un 1,4% superior al registrado en el 2017, a pesar de funcionar con prórroga presupuestaria y de tener que adaptarse a la nueva ley estatal de contratos públicos.

Así consta en el informe sobre la actividad contractual de la administración de la Generalitat y su sector público correspondiente a 2018, que elabora el departamento de Economía de la Generalitat.

El departamento de Salud y los entes que dependen de él, como el ICS, coparon el 43% del importe adjudicado en el 2018; el de Territorio y Sostenibilidad ocupó el segundo lugar, con el 12%, y la tercera posición correspondió al de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, con un 7,3%.

La directora general de contratación pública de la Generalitat, Mercè Corretja, ha explicado a Efe que la nueva ley estatal de contratos del sector público ha provocado cambios en los tipos de contratos, en los pliegos y en las formas de trabajar, pero que a pesar de eso se consiguió aumentar las adjudicaciones.

"A pesar de la situación de prórroga presupuestaria, hay nuevos contratos, dinamismo y la administración funciona", ha destacado la directora general, que ha añadido que, en cualquier caso, la prórroga de las cuentas del 2017 no tuvo un "gran impacto" sobre la maquinaria de contratación de la Generalitat.

La mayoría de adjudicaciones que se hicieron en el 2018 correspondieron a contratos de suministros, a los cuales siguieron los de servicios y obras. Por otra parte, Corretja ha comentado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo tuvo "un poco de efecto" sobre la contratación del 2018.

Y es que durante los primeros meses del 2017 la Generalitat aumentó el número de prórrogas de contratos "ante la incertidumbre" política existente, dado que "nadie se arriesgaba a hacer un nuevo contrato", ha precisado la directora general. En cambio, en el 2018 ya se recuperó poco a poco la normalidad en la actividad de contratación de la Generalitat, de manera que las prórrogas disminuyeron un 42,1% en relación con 2017, hasta los 705 millones.

Corretja ha precisado que este descenso del 42% también tuvo que ver con cambios relacionados con el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales. Y es que una parte de los servicios sociales que este departamento contrataba con entidades del tercer sector pasaron al modelo de concertación social.

"Como los departamentos que más contratan son Salud, Territorio y Trabajo y Asuntos Sociales y Familias, cualquier cambio en estos departamentos tiene unos efectos muy grandes", ha afirmado la directora general. Eso explica que el año pasado el volumen total de contrataciones de la Generalitat - formado por adjudicaciones, prórrogas, anualidades y modificaciones de contratos - ascendiera a 3.253 millones, un 14,3% inferior al del 2017.

Sobre las anualidades, es decir, la parte de un contrato plurianual que corresponde a un ejercicio en concreto, cayó un 3,4% y supuso 1.091 millones, mientras que las modificaciones de contratos cayeron un 36% y sólo supusieron un importe global de 16 millones.

Los tres principales órganos de contratación por volumen fueron en el 2018 el Instituto Català de la Salut, con 155 millones, el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, con 108 millones, y la empresa pública Infraestructuras de Catalunya, con 94 millones más.

Un ejemplo de contrato significativo del ICS durante 2018 fue, por ejemplo, el de un sistema de uso quirúrgico robotizado para el hospital Vall d'Hebron para la realización de cirugía mínimamente invasiva mediante brazos robotizados por valor de 1,64 millones.

Por otra parte, el 59,2% de las adjudicaciones se tramitaron por el procedimiento abierto, "el más garantista", explica Corretja, ya que no pone restricciones. Este porcentaje subió incluso al 79,6% si se suman también los llamados acuerdos marco, cuya licitación está abierta a todos los licitadores.