Un grupo de expertos del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) liderado por el doctor en derecho y economía Ramón Tamames alerta en el libro Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro? de cuáles son los efectos adversos de municipalizar servicios públicos como la gestión de los residuos, el agua o el transporte. "La remunicipalización de los servicios públicos en las ciudades se está planteando actualmente como un dogma, no como una cuestión razonada. La calidad de los servicios es alta en nuestro país y no la podemos perder por politizarla ni por cuestiones ideológicas", aseguran.
"Vale la pena que este tipo de discusión se enfoque sin ninguna concesión al ámbito político e ideológico", ha afirmado al exministro de Trabajo y miembro de la UGT, Valeriano Gómez, durante su turno. Teniendo en cuenta su experiencia en el sector público, ha defendido que "un servicio no es mejor por ser público" y que no hay ninguna argumentación política, económica o social que pueda demostrar lo contrario. "La mejor solución son las empresas de carácter mixto", ha añadido poco después de hacer un llamamiento a no confundir a los ciudadanos argumentando que la remunicipalización mejora las condiciones laborales.
La verdad del marketing político
En este sentido, Tamames se ha mostrado partidario de gestionar los servicios públicos en base a la opción más eficiente, tal como se establece en la ley de bases de régimen local. "Nuestra voluntad no es decir si el privado o el público es mejor, sino optar por el que garantiza un mejor funcionamiento." Ejemplos públicos, privados y mixtos, los hay de todo tipo. Por su parte, el economista y abogado Lorenzo Dávila ha reivindicado que "remunicipalizar es una especie de entelequia porque siempre ha sido municipal". Después de constatar los impactos negativos de la gestión pública sobre la eficiencia, la sostenibilidad y el coste de oportunidad, ha querido recordar que "las tarifas se aprueban en los plenos. Las fijan los ayuntamientos y no el operador privado."
En última instancia, el ingeniero y consultor de gobernanza del agua Ramiro Aurín se ha mostrado sorprendido por el hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona cuente con agentes públicos y privados para impulsar un proyecto de vivienda "formidable" y "con rigor de Champions", a la vez que "crimaniliza sin análisis ni justificación" el servicio del agua. "La ciudad no lo puede hacer todo de forma ágil y eficiente, la función principal de los ayuntamientos tendría que ser la de controlar e inspeccionar que los servicios se prestan con la mayor calidad posible", ha insistido antes de concluir que "el marketing político puede esconder la verdad."