España ya ha dado su primer paso para contentar a Bruselas y evitar así la multa por incumplimiento del objetivo de déficit. Tan solo un día después de que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) certificaran la falta de "medidas eficaces" por parte de España, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ya movido ficha con unas alegaciones entre las que destaca cerrar el presupuesto de 2016 en julio, en lugar de a finales de año. El objetivo: controlar el gasto público y luchar contra el tiempo.  

En la misma línea que las últimas semanas, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha reiterado que la multa sería "contraproducente" e "incoherente". Repetir una y otra vez el mismo mensaje es su forma de cerrar filas ante la sanción. Pero por si las palabras no fueran suficientes, también se ha comprometido a reducir el déficit público por debajo del 3% el 2017 gracias a una "estrategia de gestión de presupuesto que ayudará a frenar el gasto". 

Todo vale para convencer a Bruselas

Palabras, medidas y también cifras. Todo vale para convencer a Bruselas pero difícilmente se la puede convencer de nada sin la dar credibilidad a la formación de un Gobierno que ponga punto y final a la incertidumbre política. El ejecutivo central confía en que esto sucederá más pronto que tarde y buena prueba de ello es que el documento ya plantea medidas para la nueva legislatura. Por una parte, el impuesto de Sociedades, con un impacto presupuestario de 6.000 millones, y por la otra, la lucha contra el fraude, con 1.000 millones. 

El Gobierno en funciones alega que "existen razones de peso" para no multar a España por desviarse del 4,2% pactado al 5,1% en sus objetivos de déficit de 2015. Consideran que de confirmarse la multa sería dar un paso en la "dirección contraria" a lo que Europa necesita y que "no tendría en cuenta las principales prioridades de la política económica" que actualmente persigue la UE.

Una paradoja para el compromiso

No hay mayor razón de peso que aprovechando el Brexit, reiterar fidelidad a la UE. De esta forma, el gobierno en funciones consideraría  "paradójica" una sanción en base a la desviación de un solo año a un país que ha estado siempre plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria.

Tampoco hay mejor defensa que un buen ataque, por lo que en el documento cuestiona las "inconsistencias metodológicas" a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España, a la que se le atribuye un crecimiento cero en 2015. Se sostiene que "la revisión actualmente en curso de la metodología no hace sino reforzar aún más la necesidad de un enfoque prudente".

España tenía un plazo de diez días para enviar sus alegaciones a Bruselas y le han sobrado nueve, mientras que el Ejecutivo comunitario tiene todavía diecinueve días para fijar la cuantía de la multa. La cuenta atrás avanza y las cartas ya están sobre la mesa de Bruselas.