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Ni un resorte queda al margen. El Gobierno español está presionando todas las teclas que tiene a su alcance. Y las que no, también. Ahora ha tocado el turno a la banca. La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han hecho público un comunicado para posicionarse sobre las elecciones catalanas. Un hecho absolutamente extraordinario. ¿El objetivo? Advertir de los “riesgos” de que cualquier decisión que condujera a la ruptura de la legalidad vigente significaría la salida de la UE, y que obligaría a las entidades a “reconsiderar” su “estrategia de implantación” en Catalunya.

La réplica del goven no se ha hecho esperar. "El 27-S tenemos que demostrar que la fuerza democrática de Catalunya pasa por encima de todos los poderes", ha subrayado el president Artur Mas en un acto electoral en Manresa. El número cuatro de Junts pel Sí ha atribuido todas las maniobras de los poderes políticos y financieros al intento de asustar a la gente y ha advertido que la decisión ahora depende solo de los catalanes. "No lo pueden parar", ha sentenciado.

Presiones

Las presiones sobre La Caixa y el Sabadell para que se desmarcaran del proceso eran un secreto a voces desde hace meses. Hasta ahora, estas entidades se habían mantenido al margen y habían evitado pronunciarse. Pero en la recta final de la campaña, cuando las encuestas apuntan a un reforzamiento de las opciones independentistas a pesar del aumento de la participación, Madrid ha intensificado sus presiones. Casimiro García-Abadillo, el ex director de El Mundo, reproducía precisamente esta semana las afirmaciones de un miembro del gabinete Rajoy, quejoso porque Isidre Fainé “no ha podido o no ha hecho todo lo que estaba en su mano para frenar la deriva independentista de Convergència”.

La queja se ha convertido en hechos. Los famosos reguladores esta vez sí han actuado. Ha entrado en juego tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España –el mismo BE que rechaza dar la ficha bancaria al Institut Català de Finances-. El resultado no ha sido un comunicado de los bancos catalanes, como se pretendía, pero sí un documento de la AEB y la CECA –que engloba entidades como CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular.

“La exclusión de Catalunya de la zona euro, como consecuencia de la rotura unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las entidades bancarias con presencia en Catalunya afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica”, se asegura.

El documento alerta que, si las entidades reconsideraran su implantación, provocaría un “riesgo de reducción de la oferta bancaria y, con ello, de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito”.

Escrito en piedra

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ha respondido con un comunicado en que garantiza que “bajo ninguna circunstancia Catalunya quedará fuera de la zona euro”. “No dejaremos de cobrar y de pagar en euros. Eso está escrito en piedra”, proclama.

El conseller advierte que las presiones que el gobierno de Rajoy está ejerciendo sobre el sector financiero resultan particularmente “irresponsables” ya que se trata de instituciones “delicadas”. “No son piezas de artillería y las tendrían que dejar al margen de la batalla política”, alerta.

En todo caso, el titular de Economía no tiene ninguna duda de que, dado que los bancos se mueven por la lógica del mercado y Catalunya resulta muy interesante: “No nos faltarán instituciones financieras ofreciendo sus servicios”.

De momento, sin embargo, el primer efecto de esta artillería ha sido una oleada de indignación en las redes contra el comunicado.