Las valoraciones sobre el acuerdo presupuestario sobre ingresos entre Govern y comuns han llegado hoy al Col·legi d'Economistes de Catalunya, en una rueda de prensa en que se ha preguntado por la materia a los economistas Albert Carreras, Jordi Goula i Modest Guinjoan. "No es una revolución fiscal", han constatado, "en realidad son pequeños ajustes sobre el conjunto de los ingresos de un 2% del total sobre tres años", ha calculado Carreras.

El pacto en sí se basa, principalmente, en el aumento del IRPF para las rentas superiores a 90.000 euros, la reducción de la carga fiscal para las inferiores a 12.450 euros y la eliminación de bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones son las principales novedades del pacto explicado ayer, con el cual el Gobierno prevé recaudar 543 millones más el año.

El exsecretario general del departamento de Economía Albert Carreras, que fue número dos de este departamento en la etapa de Andreu Mas-Colell como conseller, ha eludido hacer valoraciones políticas del pacto, aunque ha explicado que el incremento de impuestos se debe al "déficit fiscal permanente" que sufre la Generalitat, que se sitúa en torno al 8%, ha asegurado. "Tenemos un problema de financiación y es normal que los políticos hagan el posible para resolverlo", ha comentado Carreras, que ha añadido que nadie desearía una fiscalidad más alta, pero que "no tenemos recursos suficientes del modelo de financiación y tampoco complicidad del Estado", de manera que "el círculo no se puede cuadrar sin recurrir a una fiscalidad más alta", ha apuntado.

"Dentro de la lógica" de la negociación

Por su parte, el economista Modest Guinjoan ha asegurado que los aumentos impositivos pactados "entran dentro de la lógica de la negociación política". Con respecto a la reforma del Impuesto de Sucesiones, que tiene que reportar 189 millones adicionales, Carreras ha comentado que es "comprensible", teniendo en cuenta que se ha acordado con los comunes, y ha recordado que, a pesar de estos ingresos extra, aportará una menor recaudación que la implantada a la etapa de tripartito.

El grupo de coyuntura del colegio ve urgente que Catalunya cuente con presupuestos para el 2020, porque todavía funciona con las cuentas prorrogadas del 2017 y eso está siendo "un drama" para algunas políticas sociales, como las aportaciones de la Generalitat a los jardines de infancia, ha comentado Carreras. "Pongo de ejemplo los jardines de infancia. Es una prioridad para todos los analistas de políticas públicas, pero ni los bebés hacen una manifestación ni sus padres tienen tiempo para quejarse de manera organizada", ha reflexionado en voz alta Carreras. "Como resultado, los jardines de infancia han quedado menospreciados estos años y unos nuevos presupuestos es una ocasión para priorizarlas", ha avanzado al economista. "Hay muchos perjudicados por la falta de presupuestos y su prórroga, y sueño muchos los que ahora pueden esperar que sus circunstancias mejorarán", ha comentado Carreras. Por lo tanto, disponer de un presupuesto para el año 2020 es "extremadamente necesario para poder aprovechar los márgenes de la regla del gasto" y para desbloquear programas y proyectos que están parados.

Sobre el nuevo tributo de carácter ambiental, desde el Colegio de Economistas se ha enmarcado dentro de la lucha contra el calentamiento global y también la necesidad imperiosa de conseguir recursos de allí donde sea posible", ha afirmado Modesto Guinjoan. Según el portavoz de la comisión de economía catalana del Colegio, el nuevo impuesto –que graba la incidencia en el territorio de las instalaciones de almacenaje, transformación y transporte de energía eléctrica- está "constitucionalmente contrastado". "El riesgo de que se acabe girando creo que está controlado ya que se ha aplicado a Extremadura y es aceptado por el TC. Suponemos que es un impuesto con fundamentos sólidos", ha aventurado Guinjoan.