El nuevo repunte del déficit del Estado sitúa el desfase acumulado hasta septiembre en 28.531 millones, equivalente al 2,56% del producto interior bruto (PIB), cifra que roza la previsión del 2,6% del PIB para el conjunto del ejercicio remitida a Bruselas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit estatal ha aumentado un 20% con respecto al mismo periodo de 2015, algo que achaca a la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas correspondiente a 2014 realizado en julio, que fue superior al del ejercicio anterior.
Más concretamente, este elemento que ya impactó en la ejecución presupuestaria del mes pasado, tiene el efecto contrario en las cifras de las comunidades autónomas, que hasta agosto (los últimos datos disponibles, ya que se publican con un desfase de un mes con respecto a los del Estado) han reducido un 90,6% su déficit, hasta los 802 millones, equivalentes al 0,07% del PIB en comparación a los 8.555 millones gastados en el mismo mes del anterior año.
En el caso de Catalunya, el déficit público se ha situado en 190 millones, lo que supone el 0,09% del PIB. Una cifra que implica un descenso del 87,67% respecto a los 1.541 millones de déficit registrados en agosto de 2015. Las cuentas de déficit fiscal de las autonomías todavía arrastran los beneficios de la liquidación del actual modelo de financiación que supuso en julio una inyección extraordinaria de 7.666 millones para las autonomías a cuenta de la liquidación del ejercicio del 2014.
Siete comunidades en superávit y Seguridad Social en déficit
Hasta agosto, los datos reflejan que siete comunidades autónomas han registrado superávit. Se trata de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, La Rioja y el País Vasco. Mientras tanto, la Seguridad Social se ha anotado un déficit (expresado en términos de caja y no de contabilidad nacional como el del Estado) de 6.151 millones hasta septiembre, lo que supone un 10,5% más y un 0,55% del PIB. De la misma forma, el déficit de la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional correspondiente a agosto que es el último mes disponible se sitúa en 6.664 millones, lo que equivale al 0,6% del PIB.
En conjunto, el déficit consolidado de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales sobre las que todavía no se han publicado los datos, hasta agosto, se ha situado en el 3,3% del PIB, por debajo del objetivo de todo este ejercicio consensuado con Bruselas, del 4,6% del PIB. Un objetivo global que no ha sido todavía desglosado por las administraciones a la espera de que se forme Gobierno o de que culmine la reforma de la Ley de Estabilidad que permitiría aprobar esta distribución de objetivos a un Ejecutivo en funciones.
El proyecto presupuestario para la CE
El proyecto presupuestario remitido por el Ejecutivo central a la Comisión Europea prevé que el Estado termine 2016 con un déficit del 2,6%; la Seguridad Social, del 1,7%, y las administraciones territoriales, del 0,3%, lo que implica que si las comunidades autónomas cumplen con el 0,7% previsto, las entidades locales tendrán un superávit del 0,4%.
Los datos de déficit del Estado hasta septiembre reflejan, además del impacto de la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, una caída tanto de los ingresos como de los gastos en ese periodo. En materia de ingresos, se han registrado 126.093 millones, un 4,4% menos, la ejecución presupuestaria observa un descenso de la recaudación por impuestos, especialmente la del IRPF, que cae un 7,7%, y la del Impuesto de Sociedades, que desciende un 24,9%.
En cuanto a los gastos, cierra septiembre en 154.624 millones, un 0,6% menos, en parte por las menores transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar las prestaciones por desempleo, algo que Hacienda justifica por "la favorable evolución del mercado laboral". También ha bajado el gasto en intereses, consumos intermedios y aportaciones para financiar el Presupuesto de la Unión Europea, aunque ha aumentado la remuneración de asalariados por la subida de la retribución de empleados públicos y la devolución de la mitad de la paga extra de diciembre eliminada en 2012.