El Corte Inglés propondrá a los sindicatos su primer plan voluntario de bajas para un máximo de 3.000 empleados en Espanya, de los cuales 2.500 serán trabajadores de los centros comerciales y 500 pertenecientes a los servicios corporativos. El objetivo del plan, dirigido a todos los trabajadores fijos de la empresa, es adaptarse a las nuevas circunstancias y adecuar los recursos de la empresa a las necesidades actuales en un contexto marcado por la pandemia de la Covid.

El gigante presidido por Marta Álvarez abordará mañana con los sindicatos dicho plan de reordenación, después de haber convocado este viernes a los sindicatos con representación en el comité de empresa (Fasga, Fetico, UGT y CCOO) para el inicio de un proceso de reestructuración. El proceso afectará a más de un 4% de la plantilla, integrada por unos 63.000 trabajadores.

Tras la comunicación a los sindicatos, se creará la comisión negociadora que será la que establezca las condiciones del plan, que tendrán un carácter voluntario, con bajas incentivadas, prejubilaciones o salidas pactadas. Uno de los pilares sobre los que se asienta esta reordenación del trabajo en El Corte Inglés es la nueva estrategia basada en la transformación digital y los retos a los que se enfrenta en el futuro.

Los efectos de la pandemia

El Corte Inglés se acogió a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de marzo a junio de 2020 con motivo de la pandemia, que afectó a un total de 25.900 trabajadores, un 29% de la plantilla.

El gigante comercial volvió a aplicar un ERTE a los trabajadores de Catalunya en noviembre. También aplicó la misma medida en Castilla y León y Asturias, siendo estas tres regiones del Estado las que impusieron restricciones al comercio después de que se aplicara el nuevo estado de alarma. 

La facturación durante el primer semestre fiscal de la compañía en 2020 (marzo-agosto) cayó un 41% interanual, aunque en el segundo trimestre sus ingresos solo fueron un 12,9% inferiores a los de un año antes pese a la ausencia de turismo extranjero.

La facturación en la primera mitad de su año fiscal (que arrancó coincidiendo básicamente con el estallido de la pandemia, un riguroso confinamiento domiciliario nacional y el cierre de tiendas no esenciales) fue de 4.489 millones, frente a los 7.618 del mismo periodo del año anterior.