La prestación máxima de paro en un ERTE por coronavirus será de 1.098 euros, independientemente del salario del trabajador anterior al expediente, una cantidad que sube hasta los 1.254 euros si el beneficiario tiene un hijo y 1.411 euros si tiene dos o más.

La prestación se calcula en función de las bases de cotización de los últimos seis meses anteriores al ERTE. Por lo referente a la prestación mínima, será de 502 euros para un trabajador sin hijos y de 671 si tiene hijos.

Coincidiendo con la presentación de los ERTE estos últimos días, los sindicatos denuncian intentos de fraude de algunas empresas por alegar causa de fuerza mayor en casos que no lo son o, según CCOO, la imposición de sanciones disciplinarias por suspender a los trabajadores de empleo y sueldo uno o dos meses para ahorrarse el expediente.

"Todo el mundo, con independencia del salario y categoría, cobraría lo mismo", señala el director del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Catalunya, Jonathan Gallego, en declaraciones a la ACN. Así pues, un directivo que por ejemplo cobre 5.000 euros mensuales o más que se quede en paro o un deportista de élite con un sueldo millonario que se vea afectado por un ERTE pasarán a recibir un máximo de 1.098 euros, o un poco más si tiene hijos a cargo.

La cifra de la prestación contributiva por paro se calcula sobre el 70% de la base reguladora de los últimos 180 días y se aplica en los seis meses siguientes a la presentación del expediente. A partir de los seis meses y un día, equivale al 50% de la base reguladora. "Los máximos o mínimos son para cualquier persona trabajadora", detalla la secretaria de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado. "Muchas personas trabajadoras que tienen condiciones de trabajo precarias no llegarán a este límite y por lo tanto podrán cobrarlo, pero otros con salarios más altos verán su salario muy recortado", añade la secretaria de Política Sindical de la UGT.

Tanto CCOO como UGT denuncian intentos de fraude a la hora de presentar los ERTO a la fuerza de causa mayor y que no cumplen las condiciones, así como otras prácticas para ahorrarse el expediente. Los dirigentes sindicales lo atribuyen a la posibilidad de que las empresas se puedan ahorrar las cuotas en la Seguridad Social. "La jurisprudencia ha aplicado de forma muy restrictiva qué se entiende por fuerza mayor y ahora se está haciendo todo lo contrario", comenta Gallego, que considera que ahora ha pasado a ser un "concepto muy amplio". "No todo el Covid-19 puede ser fuerza mayor", añade.

Como ejemplos de fraude, el director del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Catalunya cita casos que no tienen ningún coste para el empresario, como dar por finalizado el periodo de prueba para el trabajador en lugar de despedirlo o incluirlo en el expediente para que así pueda cobrar una prestación.

Otros casos, a pesar de que no son generalizados y que puntualmente se han dado en pequeñas empresas, según Gallego, son la imposición de sanciones disciplinarias por supuesta desobediencia o llegar tarde. Eso implica dejar al trabajador sin trabajo, sueldo ni cotización en la Seguridad Social durante uno o dos meses, coincidiendo con el tiempo en que puede alargar el estado de alarma. Para Gallego, es un "ERTE por la vía de atrás" y obliga al trabajador a denunciar a la empresa y reclamar sus salarios por la vía judicial.

Por su parte, la secretaria de política sindical de la UGT, Núria Gilgado, critica que haya empresas que trabajan para la Generalitat también presenten ERTE por causa de fuerza mayor —aunque tienen asegurado cobrar después del decreto aprobado por el Gobierno, o de otros, como clínicas privadas y empresas de ambulancias en un contexto de emergencia sanitaria como el actual. "Imaginad que en una situación de crisis sanitaria digan que cierran por un ERTE de fuerza mayor", se exclama Gilgado, que celebra que estos expedientes se hayan podido detener.

Las vacaciones no se pueden imponer "unilateralmente"

UGT y CCOO han advertido a los empresarios que no pueden imponer "en ningún caso" las vacaciones de forma unilateral a sus trabajadores coincidiendo con el estado de alarma. El director del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Catalunya, Jonathan Gallego, explica que las vacaciones se tienen que pactar entre las dos partes, mientras que la secretaria de política sindical de la UGT, Núria Gilgado, ha propuesto otros mecanismos para cubrir estas jornadas sin actividad laboral como la bolsa de horas, formación online que quizás había quedado pendiente o cambios de calendario, entre otros. "Hay fórmulas alternativas para salir de esta situación de la mejor manera posible, para las empresas y para las personas trabajadoras", apunta a Gilgado.

Por otra parte, una de las principales preocupaciones de los sindicatos en este contexto es la situación en que quedan los fijos discontinuos –un tipo de contrato muy habitual en el sector turístico- en las puertas de Semana Santa. Ahora es cuando estos trabajadores tenían que ser llamados pero no lo están siendo porque hoteles y restaurantes están cerrados. "Les deja en una situación laboral de indefensión", lamenta Gallego. Por eso, tanto Gallego como Gilgado piden a las empresas que los contraten y los incluyan en los ERTO para que se puedan beneficiar las condiciones fijadas en el decreto 8/2020, que les da 90 días más de paro.