La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera que la modificación de los denominados peajes energéticos prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 "altera indebidamente" la competencia, ya que comporta más desequilibrio entre territorios. PP y PNV han llegado recientemente a un acuerdo para eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1.b y englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios (kV) en la tarifa 6.2 el año 2018.
De esta manera, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata.

No obstante, patronales y partidos políticos catalanes han denunciado el agravio que supone esta modificación, ya que en Catalunya, a diferencia del País Vasco, no existe la red de 30 kV, por eso las empresas de esta comunidad no podrán disfrutar del abaratamiento de este tramo. En un comunicado, la propia ACCO ha asegurado que esta medida aparentemente neutra que se aplica a todos los territorios sin excepción, genera en la práctica "un claro desequilibrio" a favor de los operadores ubicados en aquellos lugares donde las líneas de distribución eléctrica tienen una tensión superior.

"Efectivamente, la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36 kV, mientras que en Catalunya son inferiores a los 30 kV", explica la Autoridad Catalana de la Competencia.

Más desequilibrio

La ACCO entiende que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV "agudiza el desequilibrio que ya existía de acuerdo con la regulación actual", en la medida en que ya se preveían peajes diferentes en función de sí un operador se conectaba a una red de entre 25 y 30 kV de tensión o de entre 30 y 36 kV. "Con la reforma acordada se acentuarían las diferencias entre la energía que pagarían las empresas", subraya este organismo de la Generalitat, que cree que estas diferencias no responden a la tipología de las empresas de una u otra comunidad, sino a la opción escogida a su momento por las distribuidoras de energía encargadas del despliegue de la red eléctrica.

Por lo tanto, remarca la ACCO, "se trataría de una discriminación territorial que comportaría desde la óptica de la competencia un mayor desequilibrio entre empresas en función de su ubicación territorial".

En este sentido, Competencia propone que se apliquen los mismos peajes de acceso a la energía a las empresas con las mismas necesidades en términos de consumo eléctrico, en la medida en que la tensión de la red es un factor ajeno a los méritos empresariales. "Sólo en un terreno de juego nivelado se generarán los beneficios esperables de la competencia", incide la ACCO, que estará "atenta" a un eventual desarrollo normativo de la reforma anunciada de los peajes en las líneas de distribución de tensión de entre 30 y 36 kV.