¿Es sostenible el modelo de presupuestos que el Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves a largo plazo? El gran tema pendiente era devolver a las pensiones una partida que se había recortado en los últimos tiempos, pero con una pirámide social cada vez más invertida con un índice superior de envejecimiento que nacimientos -y todas las derivadas de los últimos tiempos como el empobrecimiento de los salarios-, hay que preguntarse si se podrá sostener y cómo afecta el calendario electoral para el 2023, tanto municipales como generales, en las asignaciones marcadas. Así pues, las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 53,4% de los 455.978 millones de euros de gasto total contemplado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023, según consta en el proyecto remitido por el Ministerio de Hacienda en el Congreso de los Diputados. De estos, destaca el apartado de pensiones contributivas a la Seguridad Social con una partida total de 159.688,82 millones de euros si nos fijamos en la clasificación por políticas.

Un 41,8% de gasto en pensiones

Así pues, el gasto mayor del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 190.687 millones de euros, un 11,4% más con respecto al avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 41,8% del gasto total. Esta subida se debe a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima un alza del entorno del 8,5%. El gasto en esta partida se ha duplicado en 15 años. Los PGE para el 2023 incorporan incrementos para las pensiones contributivas y para las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiarán a un total de 10 millones de pensionistas. Para todas se espera una subida en torno al 8,5%, después de la retasación con el IPC (de los doce meses previos a diciembre del 2022) de acuerdo con el proyecto de presupuestos. Por su parte, la partida de paro cuenta con una asignación de 21.278 millones de euros, un 5,3% menos ante la mejora del empleo y la reducción del paro. Eso supone el 4,7% del gasto total.

Así pues, con todo este baile de cifras, la probabilidad es que sean excepcionales si los comparamos con futuribles. Con los presupuestos del 2023 y la actualización de las pensiones se recuperará un cierto equilibrio, pero los economistas alertan de que dará un giro de 360 grados para volver en el camino marcado por la Comisión Europea. "Exigen un equilibrio y no podemos tener lo mismo que nuestros vecinos, como Francia o Alemania, sin planes de empresa y otros elementos que compensen y ellos sí previeron," recuerda Josep Lladós, miembro del Colegio de Economistas de Catalunya y profesor de la UOC. Con respecto a la deuda pública, la partida vinculada al coste sube a 31.275 millones, un 3,6% más, por el esperado aumento de los tipos de interés. El coste de la deuda tiene un peso del 6,9% sobre el gasto total. La cifra es casi el doble que suponían los intereses de la deuda en el 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora supera el 116% de la riqueza nacional. Por distribución de grandes áreas de gasto, el 58,5% de los presupuestos corresponde a gasto social (un 11% más que en el 2022), el 27,6% a actuaciones de carácter general, el 7,9% a actuaciones de carácter económico y el 6% a servicios públicos básicos.

¿Cuáles son las más bajas?

Siguiendo la óptica de los programas presupuestarios, las políticas en inversión de educación e investigación son escasas. Así pues, destaca uno 0,20 millones de euros en un plan de inversión de equipos de alta tecnología al sistema nacional; 0,32 millones a la transformación digital de la educación; 0,40 millones en el diseño para competencias curriculares en materia inclusiva; 0,61 millones a proyectos tractores de la digitalización en la administración; 1 millón al impulso de las industrias culturales; 1 millón a la internacionalización de la industria; otro millón a la investigación de nuevas infraestructuras; 1,85 millones en formación permanente del profesorado; y destaca el pobre 1,47 millones en el aumento de la respuesta sanitaria ante otra crisis similar a la covid. Cifras que, ni todas sumadas, pueden llegar al presupuesto de la Casa Real que se marca en 8,43 millones de euros. Aunque esta última, por clasificación orgánica es la más baja, a pesar de tener en cuenta que se tiene que sumar el presupuesto en Patrimonio que el Estado siempre lo reparte en diferentes apartados.

¿Y el capítulo de ingresos?

A la contra, en este balance que propone el Gobierno de Pedro Sánchez y que ya ha sido aprobado para ser tramitado, el capítulo de ingresos se distribuye de forma similar a los anteriores presupuestos. Nuevamente, las cotizaciones sociales es por donde deriva la partida más alta y marcando diferencia, 184.521,77 millones de euros, prácticamente la mitad de un total de 389.927,49 millones. Este supone un aumento del 3,4% con respecto al presupuesto de este año 2022, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2023. En segundo lugar, y a gran distancia del sistema de cotización, está el impuesto sobre la renta con 82.829,19 millones; y seguido en tercer lugar del valor añadido con un total de 42.491,47 millones.