El rescate de Celsa se está complicando. Es por eso que la empresa catalana ha ofrecido en los fondos buitre de la entidad 400 millones de euros suplementarios 450 millones del plan de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) atados al desarrollo del plan estratégico ante "la inmovilidad de los fondos buitre en su posición negociadora". En un comunicado publicado este jueves por la misma empresa, Celsa ya explicó que se ha hecho la oferta para impedir la "obstrucción" que considera que los fondos hacen para la llegada de financiación pública. Estos 400 millones adicionales, aportados por Celsa, están divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del Ebitda que se consiga entre los años 2023 y 2030. La ayuda pública de la SEPI incluye una partida de 450 millones de euros de repago inmediato y 662 millones de euros en siete años.

Según informó la misma Celsa, las nuevas cantidades se satisfarían después del repago íntegro de la ayuda SEPI, por lo cual "no supondrían un detrimento de la recuperabilidad de la ayuda pública". Asimismo, la compañía ha dicho que sí que implican un esfuerzo y sacrificio adicionales de todos los otros grupos de interés del Grupo Celsa dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad. Con la oferta, la concesión de la ayuda pública y el futuro de 30.000 puestos de trabajo quedan a costa de la decisión de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean. Celsa ha afirmado que estos fondos no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con enormes descuentos de hasta el 90% y "pretendían con la oferta planteada obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80%".

La propuesta cuenta con el apoyo unánime del comité ejecutivo y el consejo de administración de la compañía, y que lo sitúa como "último esfuerzo para salvar el boicot a la ayuda pública" por parte de los fondos. Los dos órganos consideran que las pretensiones de los fondos "rompen los límites" del correcto uso de la financiación pública porque creen que no puede utilizarse como a base de una estrategia especulativa. De hecho, la compañía ya denunció en una demanda interpuesta en 2020 delante de los Tribunales de Justicia de España, actualmente en curso de tramitación, que las pretensiones de sus fondos acreedores "eran contrarias al orden público económico y a la Ley de represión de la usura".

Protesta en Barcelona

En paralelo a las luchas en los despachos, este viernes por la mañana unos 400 trabajadores de Celsa, según cifras de los sindicatos, se han concentrado protestan a las 12 del mediodía en el centro de Barcelona para reclamar un acuerdo entre compañía y fondo que facilite la ayuda de la SEPI. Preparados con chalecos y camisetas de color naranja y banderas sindicales, los trabajadores se han concentrado en la plaza Cinc de Oros de Barcelona, que hace de cruce entre la avenida Diagonal y el paseo de Gracia, donde también han estacionado cuatro camiones y una carretilla frontal que han impedido la circulación del tráfico.

En declaraciones a los medios, el miembro del comité de empresa Daniel Hernández (UGT) ha explicado que este jueves los informaron de que la negociación entre compañía y fondo se había roto y que eso perjudica el recibimiento de la ayuda. "Hemos venido a ver si Deutsche Bank nos escucha y conseguimos desatascar este problema. Con los otros fondos, por|para lo que nos dijeron ayer, habían llegado a acuerdos y ahora solo falta Deutsche Bank", ha añadido. De hecho, en el cruce entre la calle Còrcega y paseo de Gràcia, hay una oficina bancaria de la entidad, en la cual los trabajadores han colgado dos pancartas con las consignas 'Deutsche Bank especuladora' y 'Todos somos Celsa'.

Además, Hernández ha advertido que de no obtenerse un acuerdo peligran unos 900 puestos de trabajo directos, todos ellos de la planta de la compañía en Barcelona, y unos 1.900 de indirectas. Ha asegurado que los trabajadores de Celsa no quieren que estos fondos se metan dentro de la compañía porque al final están especulando, y acaban todas cerrando o bien con unas condiciones laborales inferiores, en sus palabras.

Torrent da apoyo

Además, el consejero de Empresa i Treball, Roger Torrent, también ha mostrado su apoyo a Celsa durante esta semana. Torrent, que la semana pasada visitó la compañía acompañado de su presidente, Francesc Rubiralta, defendió el modelo industrial de Celsa, que hace falta que prevalezca por encima de intereses financieros que no priorizan el mantenimiento y crecimiento de puestos de trabajo y que impedirían el acceso a los mencionados fondos públicos. "El Govern no encuentra razonable que los fondos de inversión pretendan beneficiarse de una ayuda pública a la vez que exigen rentabilidades de hasta el 80% anual", afirmó el conseller. El conseller ha mostrado su deseo, pues, que los acreedores de Celsa se sumen a los acuerdos que ya se han adquirido por parte de la compañía y que eviten así el bloqueo de la entrada de capital público. "Celsa es un puntal industrial de Catalunya, generador de miles de puestos de trabajo vinculados a la industria con un modelo de producción sostenible que cuenta con el apoyo del Govern de la Generalitat", ha añadido el conseller.