El 5 de octubre pasado el gobierno del PSOE aprobó, en Consejo de Ministros, prohibir a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos mediante el puerta a puerta, a no ser que la visita sea solicitada por el consumidor. Una ley que, "de un día para otro" ha dejado a más de 12.000 personas sin trabajo, según ha podido saber El Nacional a través de fuentes del sector. En Catalunya, afecta a 4.000 trabajadores directos y 20.000 indirectos.

Según el gobierno español, esta medida pretende proteger a los consumidores de electricidad, "optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica", tal como explicó en su momento la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera (imagen principal). Con todo, sin embargo, los más de 12.000 trabajadores afectados explican que "esta medida va en contra de la ley de libre mercado", a la vez que critican el hecho de que "nos ha cogido por sorpresa y nos hemos quedado sin trabajo de un día para el otro".

Ante la situación, este colectivo de afectados ha creado una plataforma de Fuerzas de Ventas e Intermediarios de Comercio (AFVIC), todavía en construcción, para denunciar el hecho, "porque va en contra la libre competencia y la oferta de precios para el consumidor". "Creemos que el gobierno lo echará atrás, porque no tiene ningún sentido", aseguran fuentes del sector.

Las diferencias

El gobierno sostiene que esta ley se aplica por las quejas en materia de comercialización de las eléctricas, y por unos casos de estafas que se produjeron y denunciaron. Las fuentes, sin embargo, admiten que pueden haber casos "de prácticas abusivas", pero critican el hecho de que "sólo 1 de cada 10 quejas de los consumidores son por el puerta a puerta", pero que por ejemplo "hay el triple de quejas por una mala lectura de los contadores". El problema, según los afectados, es que "el gobierno español lo pone todo en el mismo saco".

Según los datos del Consejo Nacional de la Competencia, de los 300 millones de facturas anuales (entre 6 y 12 facturas anuales por un total de 30 millones de consumidores, aproximadamente), "hay unas 112.000 quejas por la venta puerta a puerta, aproximadamente el 7,5% del total de reclamaciones".

"No se puede hacer una prohibición de esta índole" a la ligera. Además, afecta sólo al sector de la luz y el gas, y entre los afectados hay comerciales, administradores, gente de mantenimiento y otros. Además, "se tiene que tener en cuenta que las eléctricas no tienen fuerza comercial", aseguran, "y estos servicios puerta a puerta son necesarios".

"Nadie ha hablado con nosotros"

Los afectados aseguran: "Nadie se ha sentado a hablar con nosotros". Se trata de empresas subcontratadas por grandes empresas eléctricas "y el decreto se aprobó sin negociación previa ni posibilidad de reacción de los empresarios ni de los 12.000 trabajadores".

De esta manera, los comerciales no pueden salir a hacer su trabajo porque "las compañías eléctricas han decidido que no pueden permitirlo". Así, se quejan de que "nos lleva a una situación dramática porque están despidiendo a personas".

En esta situación, AFVIC pide que el gobierno español se siente a dialogar con ellos y así "evitar que este decreto llegue al Congreso y que se derogue".