Primeras reacciones del mundo económico y empresarial después de haber conocido la sentencia del juicio del 1-O. Proviene del Consejo de Cámaras de Catalunya, presidido por Joan Canadell, en que critican la "judicialización de la política" y enfocan la problemática en el hecho de que "perjudica el tejido empresarial". Desde las 13 Cámaras catalanas, fiscalizan la resolución y "consideramos que las personas juzgadas ejercieron derechos fundamentales reconocidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y en la propia Constitución española) y cumplieron con un mandato democrático surgida de las urnas por lo que correspondería una sentencia justa absolutoria".

Recuerdan que "aunque no apoyamos un paro de país, respetaremos la respuesta mayoritaria de la ciudadanía siempre y cuando esté en un contexto de defensa no violenta de la democracia, la libertad y los derechos individuales y colectivos". Con esta finalidad, "instamos a los representantes de las instituciones a reiniciar vías de diálogo efectivo como mejor respuesta de país y a buscar acuerdos y garantías con el Gobierno del Estado con el fin de encontrar una salida al actual callejón sin salida".

La institución económica también recuerda que, "más allá de las legítimas aspiraciones democráticas de autogobierno de Catalunya y de sus ciudadanos, buena parte del conflicto político que hemos vivido en los últimos años y que ha degenerado en la injusta situación en la que hace referencia este manifiesto tiene su origen en un agravio económico del Estado hacia Catalunya". Este desequilibrio, según las Cámaras, "se concreta en una falta de retorno en forma de inversiones en infraestructuras y otras actuaciones, de los recursos que aporta el país a la caja común del Estado".

Además, critican que estos agravios, "lejos de corregirse, se ha agravado en los últimos años hasta llevar al país y su tejido empresarial a un ahogo que supone un verdadero lastre para su desarrollo social y económico". Finalmente "invitamos a patronales y organizaciones empresariales, a los sindicatos y al resto de operadores económicos a añadirse a este manifiesto y a trabajar conjuntamente para garantizar los derechos y libertades a nuestro país, en beneficio de la ciudadanía, de las empresas y de sus trabajadores".