El vicepresident del Govern y conseller de Economia, Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que una fusión entre CaixaBank y Bankia "podría traer problemas" porque reduciría la competencia y supondría "más dificultades" para acceder a la financiación porque el mercado bancario estaría concentrado "en pocas manos".

En una rueda de prensa, Aragonès ha dicho que el Govern estará "atento" para garantizar que se mantienen el máximo de puestos de trabajo en una eventual fusión. "No se nos tiene que escapar que ocupan a mucha gente y que muchos trabajadores de banca cuando se habla de fusión pueden estar preocupados por su futuro laboral", ha dicho.

Además, el vicepresident ha destacado que hay que mantener "la vinculación con el tejido económico y social del país" de CaixaBank. "En los próximos días estaremos en contacto con las entidades para hablar de estos aspectos que nos ocupan y nos preocupan", ha afirmado Aragonès.

Los presupuestos, condicionados a la inhabilitación de Torra

Por otra parte, Aragonès ha advertido que si el Govern queda en funciones -después de una inhabilitación del president Quim Torra sin que sea investido un sustituto-, no podrá aprobar los presupuestos.

En estos sentido ha dicho que las cuentas del año que viene estarán acondicionadas por "dos elementos": los recursos de que pueda disponer Catalunya, todavía no "notificados" por el Ejecutivo español; y el "horizonte" de inhabilitación firme de Torra, dado que "un gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de ley" como el de los presupuestos.

En relación con la primera cuestión, ha indicado que se espera una caída del PIB superior al 10%, lo que "alteraría el escenario de ingresos", y ha lamentado que el gobierno presidido por Pedro Sánchez no haya informado todavía de qué recursos podrá disponer la Generalitat para elaborar sus cuentas.

Sobre el escenario "absolutamente incomprensible" de una eventual inhabilitación de Torra, lo cual supondría una "persecución de la libertad de expresión", el vicepresident ha indicado que un ejecutivo en funciones no podría aprobar proyectos de ley.