La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto una renta mínima estatal de 430 euros en el mes que reduciría un 60% la pobreza severa. Este es uno de los dos modelos que el organismo ha propuesto en su informe sobre esta materia después de que los sindicatos CCOO y UGT presentaran una ILP para establecer una prestación de ingresos mínimos. En el estudio, el AIReF estima que la ILP presentada por los sindicatos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema un 28%, con un coste fiscal de entre 7.200 y 9.800 millones pero apunta algunas carencias y por eso plantea un sistema alternativo que defiende que reduciría la tasa por debajo de la media de la Unión Europea (UE).

El estudio concluye que en el Estado hay un sistema de ingresos mínimos fraccionado que presenta "disparidades territoriales". Añade que hay unos "niveles reducidos de eficacia en términos de redistribución" y "poca efectividad" a la hora de reducir las tasas de pobreza, así como un "desincentivo a la participación en el mercado laboral, que se mitiga en los casos en que se permite compatibilizar prestación y trabajo."

El estudio parte de la base que el objetivo principal de la ILP es reducir el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de la pobreza severa, que se define como el 30% de la media de la renta disponible. En el 2017 este porcentaje suponía 355 euros en el mes para una sola persona o 746 para una familia de dos adultos y dos niños.

Partiendo de esta base, la autoridad ha detectado algunas debilidades de la propuesta de ILP como por ejemplo el hecho de que permitiría pasar del 7% al 5% la tasa de pobreza extrema pero continuaría por encima de la media de los países de la UE, que es del 3,5%.

Añade que la necesidad de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo como mínimo durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con paro de larga duración, "lo que excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema" y es un "desincentivo" para reincorporarse al mercado de trabajo. También ve debilidades en el diseño institucional, ya que hay una "solapamiento" con programas actuales tan estatales como autonómicos o el hecho de que no especifica el sistema de gestión, seguimiento y evaluación.

Según el estudio, la prestación de la ILP tiene un coste fiscal estimado de más de 7.200 millones de euros para el 2017, con el riesgo de que aumente hasta los 9.800 millones por el posible "efecto llamamiento". Además, en el caso de crisis graves y prolongadas se podría llegar a los 11.000 millones. Por todo eso, considera que se tendría que llevar a cabo una estrategia fiscal a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las administraciones públicas.

Después de este análisis y para paliar estos puntos débiles, el AIReF propone establecer como principal requisito para el acceso a la prestación la renta del hogar, establecer tramos de renta para los hogares pobres pero focalizando en la severa. Sugiere también eliminar los requisitos relativos a la situación laboral, hacerla compatible con el empleo y evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación.

Con el fin de mejorar el diseño institucional, plantea simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre prestaciones de diferentes administraciones y asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo. También ve oportuno establecer una ventanilla única a través de los trabajadores de las administraciones locales e implementar un sistema integrado de información de servicios sociales, entre otros.

Propuestas propias

Más allá de evaluar la propuesta de la ILP, el AIReF incluye en el estudio dos ejemplos de lo que supondría la aplicación de sus propuestas. El primero de estos se centra en los hogares más pobres sin establecer requisitos en relación con el trabajo y plantea una prestación en dos tramos. Así, si los ingresos del hogar están por debajo del 20% del IPREM, los beneficiarios recibirían una prestación del 80% de este indicador —430 euros— y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros anuales, con un máximo de tres hijos. Si los ingresos varían entre el 20 y el 60% de la media, solo recibirían el complemento por hijo a cargo.

La aplicación de este modelo afectaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta un 4% y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%, con un coste fiscal de 5.500 millones de euros, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades.

El segundo ejemplo contempla que los hogares con ingresos por debajo del 30% de la media recibirían una ayuda decreciente desde el 80% hasta el 10% del IPREM, que es de 537 euros mensuales en el 2019, y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros anuales. En cambio, los hogares con ingresos entre el 30 y el 60% del IPREM recibirían una asignación por hijo a cargo de 1.200 euros anuales. En este segundo caso, se mejoraría la distribución de la renta un 4,2% y la tasa de pobreza severa se reduciría un 46%, con un coste fiscal de 5.500 millones, que también se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades.

El AIReF ha defendido que en ambos casos "se evitaría el efecto llamamiento" y se sustituirían las prestaciones estatales y autonómicas por esta nueva propuesta, permitiendo a las comunidades complementar la prestación. Además, las dos reducirían la tasa de pobreza severa por debajo de la media de la UE.