La empresa Agbar pediría 1.000 millones de euros de indemnización si el Ayuntamiento de Barcelona decide municipalizar el agua, tal como ha adelantado TV3. Concretamente, la compañía ha valorado en 470 millones de euros los activos que incluyen infraestructuras como las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) o las mismas cañerías y en 500 millones de lucro cesante, el dinero que dejaría de ganar por no poder ofrecer el servicio.

La compañía ha subrayado que la decisión sobre una posible municipalización del agua es independiente de si finalmente el Tribunal Supremo anula la empresa de capital mixto creada por Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Desde el punto de vista de la compañía, la anulación de la empresa mixta no implicaría que Agbar tuviera que abandonar la concesión.

La sentencia del TSJC

El Área Metropolitana de Barcelona decidió no recurrir la sentencia del TSJC de marzo del 2016 que declara nula la empresa mixta para empezar a trabajar en un modelo de gestión pública del agua, tal como afirmó hace un año la vicepresidenta del CON y teniente de alcaldía de Barcelona, Janet Sanz. "Se tiene que acabar de ver si se haría cargo el AMB o algunos ayuntamientos pueden recuperar esta competencia", apuntó entonces. De hecho, a finales de año el pleno del Ayuntamiento de la capital catalana ya dio el primer paso en la municipalización total de la gestión del agua.

Por su parte, Agbar sí que recurrió el auto del TSJC y se espera que el Tribunal Supremo emita una sentencia firme en los próximos meses. El presidente ejecutivo de la compañía, Àngel Simón, aseguró entonces que no tenía miedo de perder la concesión para suministrar el agua en el área metropolitana de Barcelona porque la sentencia del TSJC "sólo" pone en duda el procedimiento seguido para crear la empresa mixta que crearon el AMB y una empresa del grupo Agbar, no la legitimidad de la concesión.

De hecho, fuentes de la compañía han explicado que, en caso de que el Supremo no dé la razón a Agbar, lo único que se perdería es el derecho de uso de la depuración, pero el suministro a la ciudadanía seguiría como hasta ahora. Para la compañía, este proceso judicial no tiene nada que ver con la decisión de que pueda tomar el equipo de Ada Colau para remunicipalizar el agua. Así pues, en caso de que el consistorio decidiera gestionar directamente el agua y por lo tanto Agbar perdiera la concesión, la compañía reclamaría 1.000 millones de euros.