La trama Oikos de partidos amañados hace semanas que salpica al fútbol y pone en tela de juicio la integridad de un deporte tan mediatizado y con un alto componente de negocio como este. De hecho, sólo un equipo de Primera División no recibe ningún tipo de ingresos por parte de casas de apuestas, lo que ejemplariza que una gran parte de la responsabilidad de acabar con esta lacra es, precisamente, de los clubes que ponen su nombre a disposición de empresas que se lucran de las pérdidas de dinero de sus usuarios.

Actualmente, parece que la opinión pública se ha puesto de acuerdo a la hora de criticar la influencia de las apuestas en el deporte y de los peligros que eso supone, pero todavía son muy pocas las instituciones y organizaciones deportivas que se han posicionado al respecto. Y es, hasta cierto punto comprensible que, si la mayoría de clubes son simples empresas que tienen como objetivo final maximizar los beneficios económicos, admitan dinero de casi cualquier sector.

Pero hay un grupo reducido de entidades, los denominados Clubes de Accionariado Popular, donde los propietarios de los clubes son sus socios, y todas las decisiones relativamente importantes se toman en asamblea. Es el caso de Unionistas de Salamanca, un club que fue fundado el año 2013 como respuesta a la desaparición de la UD Salamanca con la voluntad de crecer futbolísticamente a través de otro modelo de gestión.

La entidad, que desde el principio tuvo una alta implicación social, cultural y con otros aspectos que trascienden el fútbol, aprobó ayer por unanimidad, con sólo seis abstenciones, el veto a cualquier posible acuerdo con casas de apuestas y negocios relacionados con la explotación sexual.

Así, un club de Segunda B, a menudo con dificultades para conseguir buenos patrocinios que les permitan crecer económicamente y deportivamente, ha decidido priorizar la buena imagen de la entidad a unos ingresos de dudosa reputación.