Un árbitro asturiano de la Segunda División española, sin identificación, está siendo investigado por haber agredido presuntamente a una prostituta en Gijón, tal y como ha adelantado el diario local La Nueva España. El árbitro, de 33 años, fue detenido con varios cargos y, después de declarar, fue puesto en libertad. El colegiado, de hecho, ha vuelto a dirigir al menos un partido de la Segunda División desde los hechos.
Según la denunciante, el árbitro se hizo pasar por policía nacional para agredirla sexualmente, después de amenazarla con denunciar e investigar su situación administrativa irregular en España. El caso ya está en un juzgado de instrucción de Gijón.
Amenaza con denunciar la situación irregular de la agredida para buscar su silencio
Los hechos se iniciaron con la concreción de una cita en la que el denunciado quería contratar los servicios sexuales de la denunciante. Una vez en el lugar de los hechos, el hombre habría agredido sexualmente a la mujer, presuntamente, aprovechando su falsa identidad de policía para negarse a abonar el importe del servicio contratado. A cambio, no denunciaría su situación irregular.
El investigado amenazó a la mujer con abrirle una investigación policial por su situación irregular en España. De hecho, según la agredida, el hombre llegó a mostrarle una placa policial, lo que reforzó su apariencia de policía en activo. Fuentes próximas a la investigación aseguran que este procedimiento de agresión acostumbra a complicar mucho las cosas, ya que muchas mujeres agredidas temen que su situación irregular pueda terminar en una expulsión del país si denuncian. En este caso, sin embargo, la agredida acudió a la policía a poner la denuncia, que ahora sigue su curso.
El árbitro tiene uniformes de policía y placas de varios cuerpos de seguridad del Estado
Después de detener al presunto agresor y de comprobar que las acusaciones de la agredida tienen síntomas de ser veraces, se practicó un registro de la vivienda del árbitro, en la que se encontraron uniformes de policía y distintivos de varios cuerpos de seguridad del Estado, como placas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Este hecho da fuerza al delito de usurpación de funciones públicas que se le imputa, al que hay que añadir los delitos de agresión sexual y coacciones.
La investigación, que está siendo llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, está ahora determinando si el presunto agresor pudo haber cometido más episodios como el denunciado, si hay más víctimas previas que no se atrevieron a llevar la agresión ante la justicia. De momento, el investigado está en libertad con cargos, lo que le permite seguir dirigiendo partidos de la Segunda División.