Barcelona, 22 de noviembre de 1934. Seis semanas después de los Fets del Sis de Octubre (la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal española) se producía un formidable desembarque del aparato político-judicial de la República española con el propósito —cuando menos, oficialmente— de tomar declaración al gobierno de Catalunya. Desde el día siguiente de los hechos (07/10/1934) el presidente Companys y los consellers Mestres, Lluhí, Comorera, Esteve y Gassol estaban encarcelados en el barco-prisión Uruguay (anclado en el puerto de Barcelona), la Generalitat había sido intervenida y el Parlament de Catalunya había sido clausurado.
Barco prisión Uruguay (1934) / Fuente: Archivo Nacional de Catalunya. Fondo Josep de Sagarra
El "desembarque"
La prensa de la época (La Vanguardia, edición del 23/11/1934) lo relataba explicando que “en el expreso de Madrid, llegaron el diputado don Joaquín de Pablo Blanco, presidente de la Comisión de suplicatorios, y los diputados vocales de dicha Comisión, don Nicasio Velayos, don Teodoro Pascual Cordero y don Rafael Esparza; el secretario don Alonso Gullón y García Prieto y los taquígrafos don Clemente Marín y don Joaquín Ibáñez. En el apeadero fueron recibidos por el delegado del Gobierno, señor Carreras Pons, y algunos amigos particulares. Seguidamente se dirigieron dichos señores al hotel dondo se hospedan”.
El discreto instrumento
El mismo artículo, en un segundo plano, informaba que “En el mismo tren llegó de Madrid el vocal ponente del Tribunal de Garantías, don Gil Gil y Gil, acompañado del secretario de sección de dicho Tribunal (de Garanties) señor Joaquin Herrero, y el taquígrafo señor Julio Anglada”. Una posición discreta que no revelaba el verdadero propósito de Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical, y en aquel momento presidente del gobierno de la República. Gil Gil y Gil sería el responsable de cargar las tintas contra el gobierno de Catalunya; y con Lerroux dibujaría uno de los vasos comunicantes —entre los poderes político y judicial— más escandalosos de la época republicana.
¿Quién era Gil Gil y Gil?
Según la Real Academia de la Historia (española, naturalmente) Gil Gil y Gil era profesor de Derecho Civil Común y Foral de la Universidad de Zaragoza. La misma academia revela que entre junio de 1931 y octubre de 1933 (primera legislatura republicana), fue diputado del Partido Republicano Radical —de Lerroux— en las Cortes por la circunscripción de Zaragoza-ciudad. En cambio, en los segundos comicios generales (19/11/1933), el PRR casi duplicó resultados con respecto a 1931 (pasaría de 59 a 104 diputados), pero Gil no conseguiría renovar su escaño, y Basílio Paraíso Labad, hijo del fundador del Heraldo de Aragón quedaría como el único representante lerrouxista a la circunscripción.
Gil Gil y Gil y Lorenzo Gallardo / Fuente: Universidad Carlos III y Wikimedia Commons
Las puertas giratorias política-justicia
En aquel momento, probablemente en modo de compensación, se activaron las puertas giratorias entre las esferas del poder político y judicial, y de una forma absolutamente discreta pero efectiva Lerroux y Àlvarez-Valdés —ministro de Justicia que había amnistiado al general Sanjurjo condenado por el intento de golpe de estado de 1932— lo nombraba vocal del Tribunal de Garantías. Naturalmente, este cargo —por su naturaleza— lo obligaba a abandonar las responsabilidades políticas. Pero en cambio según el Archivo Histórico Nacional (español, naturalmente), Gil y Gil continuó discretamente vinculado al aparato ejecutivo del PRR lerrouxista, hasta dos años después del juicio (1936).
La fabricación de la acusación
Gil y Gil se movió por Barcelona como pez en el agua". Después del Seis de Octubre, Lerroux había depurado las instancias judiciales catalanas, con el clarísimo propósito de facilitar al Tribunal la máxima acumulación de pruebas incriminatorias. La misma prensa revela que Gil y Gil fue seis días a Barcelona, pero tan sólo dedicó dos horas a los presos políticos. Y poco más o menos, a los interrogatorios a los funcionarios del Palau de la Generalitat. El resto del tiempo, lo empleó en largas —y sospechosas— reuniones con los magistrados ultraconservadores González Prieto y López Avilés que, desde la depuración, dirigían —respectivamente— el Tribunal de Casación y la Audiencia de Barcelona.
El premio
Gil y Gil debió cumplir con nota la misión que le había encomendado Lerroux para que según el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho (de la Universidad Carlos III, de Madrid), el 1 de marzo de 1935 —concluida la instrucción del caso—, el ministro de educación Joaquín Dualde Gómez le impuso la banda de la Orden de la República “como premio a su fecunda labor educativa”, cuando, según el Archivo Nacional, ya hacía cuatro años que no se dedicaba a la docencia. También, curiosamente, después de la Guerra Civil (1936-1939), Dualde sería el abogado de Joan March (conocido popularmente como el banquero de Franco), en la oscura maniobra de derrumbe de la Canadenca.
Lerroux y Gil Robles, lídere del PRR y la CEDA (gobierno del bienio negro) / Fuente: Wikimedia Commons y Real Academia de la Historia
La corrupción
También según el Diccionario, Gil y Gil se jubiló el 5 de marzo de 1935. Pero eso no le impidió seguir vinculado a la causa judicial contra el gobierno de Catalunya, y al Partido Republicano Radical. Es decir, retribuido por el erario público (por partida doble, como jubilado y como vocal del tribunal), y a sueldo del partido de Lerroux. Conviene destacar que, poco después (05/09/1935) saltaría a la palestra el corrupto sistema de financiació del PRR: el escándalo del Estraperlo (sobornos a cambio de autorizar la instalación de una ruleta fraudulenta en varios casinos españoles). Y conviene destacar, también, que el gobierno Companys había prohibido la instalación de esta ruleta en Catalunya.
Juicio al Gobierno de Catalunya (1935) / Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya
El juicio y la condena
6 de junio de 1935. Madrid. El Tribunal Supremo hacía suya la tesis del fiscal Lorenzo Gallardo Gonzalez —que había trabajado con la pretendida investigación del lerrouxista Gil— y dictaba sentencia: “el Código de Justicia Militar, establece que (...) los procesados se alzaron en armas contra esa Constitución, proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española (...) implica la subversión del régimen constitucional (...) transformando las regiones autónomas en Estados miembros (...) con alteración profunda de poderes (...) Fallamos: (...) condenamos a cada uno de los .procesados (...) autores de un delito de rebelión militar, a la pena de treinta años de reclusión mayor.
Fotografía principal: Edificio del Tribunal Supremo. Madrid (1935) / Fuente: Wikimedia Commons