La Oficina de Derechos Civiles y Políticos nació en junio del año pasado y se puso en marcha en octubre con un objetivo: defender a los ciudadanos ante el auge del autoritarismo. En este sentido, la oficina da respuesta a la vulneración de derechos civiles y políticos, vengan de donde vengan, a la degradación de la calidad democrática y al incremento de las actitudes y los planteamientos autoritarios que se están produciendo en el mundo, concretamente en Europa y, de manera singular, en el Estado Español y en Catalunya.
La entidad se puso en marcha el octubre pasado para luchar contra la degradación de la calidad democrática y la vulneración de derechos
El organismo, por lo tanto, defiende y promueve los derechos civiles y políticos y vela para que estos se ejerzan de forma efectiva; unos derechos que se recogen en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la ONU el año 1966 y firmado por el Reino de España el 1977. Se trata, concretamente, de seis derechos: derecho de reunión, de asociación, de manifestación, de libertad de expresión, a un juicio justo y a la participación política.
Dentro de este contexto, la oficina dispone de cinco grandes líneas de trabajo: asesorar a la Generalitat en materia de derechos civiles y políticos, divulgar y reflexionar sobre estos derechos, atender las quejas de los ciudadanos y las ciudadanas a través del formulario de su web, estar en contacto con las entidades e instituciones que trabajan en la difusión de los derechos civiles y políticos y elaborar memorias e informes que entregan a las instituciones y a la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional.
En estos momentos, la oficina, en colaboración con el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, trabaja en una campaña para atender las quejas de los catalanes y las catalanas residentes en el exterior que tienen dificultades para ejercer su derecho al sufragio activo y pasivo en el ciclo electoral de los meses de abril y mayo.
Catalanes que no podrán votar y atentados contra la libertad de expresión
Después de cinco meses en funcionamiento, el ente ha dado a conocer sus primeras conclusiones, en las cuales se identifican casos concretos de vulneración de derechos civiles y políticos en Catalunya. Son los siguientes: limitación o imposibilidad de acceder al sufragio universal de las personas con pasado migratorio (1 de cada 8 ciudadanos y ciudadanas de Catalunya no podrá votar las próximas elecciones porque no tiene nacionalidad española), restricciones injustificadas del derecho a la protesta a causa de la ley mordaza, visión restrictiva del derecho a la libertad de expresión por parte de la judicatura (algunos ejemplos son cantantes, tuiteros y humoristas), proliferación de grupos de ultraderecha, que, de forma organizada, atentan contra la libertad ideológica y de expresión y atacan locales sociales, instituciones y domicilios particulares y, finalmente, represión contra la disidencia política, que se ha visto agravada desde el otoño del 2017.
Ante el aumento de los ataques, daños y robos con motivación política que se producen en sedes de partidos políticos, domicilios particulares, locales de entidades y edificios públicos, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Catalunya a firmar y hacer pública de manera conjunta una declaración en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la protesta, y de rechazo a las actuaciones que comporten destrozos, amenazas y sustracciones contra personas, entidades, partidos e instituciones.