La Generalitat pondrá en marcha este otoño un servicio de acompañamiento a los deudores. El objetivo del Govern es reducir los concursos de acreedores y resolver los casos de insolvencia antes de que lleguen a los juzgados, a través de los mecanismos de segunda oportunidad previstos por la Ley. Este servicio será gratuito y ayudará a las personas y los empresarios ahogados por las deudas a preparar la documentación para iniciar una mediación con los acreedores.

El servicio de acompañamiento estará activo en octubre que viene, para hacer frente al previsible incremento de casos de bancarrota económica provocados por la emergencia sanitaria de la Covid-19. De esta manera, la Generalitat podrá empezar a actuar antes del 31 de diciembre de 2020, que es cuando se agota la moratoria para la presentación de concursos.

Los técnicos de la Generalitat identificarán los casos con posibilidades reales de acuerdo y pondrán a los interesados en contacto con el notariado y las cámaras de comercio, que se harán cargo de la negociación en nombre de los particulares y de los empresarios, respectivamente, con la colaboración de la abogacía y la procuraduría. Entre las ventajas de iniciar el proceso para un acuerdo extrajudicial de pagos a través de la mediación, destaca la paralización de la ejecución de la deuda con la subasta de la vivienda habitual.

Si las partes no llegan a ningún acuerdo extrajudicial de pagos, o si lo acuerdan pero lo incumplen, los tribunales iniciarán automáticamente el proceso judicial del concurso de acreedores. Si es así, el estudio previo del servicio de la Generalitat facilitará la tramitación judicial, porque el caso llegará a los juzgados con una mayor y mejor información, en beneficio tanto de los deudores como de sus acreedores.

El Govern hace un llamamiento a las entidades financieras y de crédito y a los suministradores de servicios básicos para que se impliquen en los mecanismos de segunda oportunidad y faciliten los acuerdos con los deudores. La resolución de los impagos a través de la mediación contribuye, por una parte, a un cambio cultural sobre la resolución de los conflictos y, de la otra, a la descongestión de los juzgados, que harán frente a una previsible avalancha, de casos de insolvencia para la emergencia sanitaria. Los mecanismos de segunda oportunidad permiten acuerdos más rápidos y satisfactorios para las dos partes y favorecen la continuidad de la actividad económica. La mediación por insolvencia y el concurso de acreedores son mecanismos conocidos por los empresarios, pero desconocidos para los particulares, que también se pueden acoger.

Reformas legislativas urgentes para la exoneración de las deudas

Además de la creación del nuevo servicio gratuito de acompañamiento a los deudores, el Departament de Justícia ha preparado una batería de enmiendas al proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 y las ha hecho llegado a todos los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso.

En relación con la ley de la segunda oportunidad, Justícia propugna que los deudores puedan acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI); es decir, a la exoneración de las deudas, sin pasar obligatoriamente por un intento de acuerdo extrajudicial de pagos (AEP). En cambio, actualmente, cualquier exoneración requiere, por ley, el intento de un acuerdo previo al inicio del concurso judicial. Se trata de una condición innecesaria para los deudores que no disponen de ningún patrimonio y que, por lo tanto, no pueden negociar ningún pago parcial a sus acreedores. Este requisito bastante un intento imposible y dilata la posible solución.

El Govern también considera que hay que ampliar el acceso a la exoneración de las deudas. La regulación de la segunda oportunidad impide que se puedan beneficiar los deudores con impuestos y cotizaciones pendientes de pago a Hacienda y a la Seguridad Social. Con el cambio normativo que impulsa el Departament de Justícia, el peso de la exoneración del pasivo insatisfecho no recaería exclusivamente sobre los acreedores privados, sino que también lo asumiría el Estado, como ejemplo de compromiso con la condonación de los impagados y con la generación de nuevas oportunidades.

Catalunya concentra el 27% de los concursos de acreedores de todo el Estado

Según el INE, el 27% de los concursos de acreedores de todo el Estado son debidos a la quiebra de empresas catalanas. Del total de concursos a todo el Estado (24.003), prácticamente un 28% afectaron personas físicas no empresarias (6.649). En cualquier caso, estas cifras se encuentran muy lejos de las más de 100.000 personas que han optado por vías similares para resolver situaciones de insolvencia en países como Alemania, Francia o Italia.

Todos los concursos de acreedores los resuelven los juzgados mercantiles, que también tratan demandas relacionadas en el transporte ­-com las reclamaciones a las compañías aéreas–, por competencia desleal, propiedad industrial e intelectual o impugnaciones de acuerdos de sociedades y cooperativas. Estos juzgados cerraron en el 2019 con 29.230 asuntos pendientes acumulados, pendientes de resolver. Es prácticamente la misma cantidad de casos que llegan cada año. Durante el 2019 entraron 33.354.