La pandemia de la Covid-19 y la aplicación de medidas con el fin de evitar su propagación han puesto sobre la mesa un gran debate: ¿cuáles son los límites de las medidas de seguridad y para la protección de la salud en una sociedad democrática? La emergencia ha revelado la falta de un criterio público y compartido para evitar la lesión de los derechos civiles y políticos con el pretexto de una situación excepcional. Para mitigar la posible lesión de derechos fundamentales en futuras situaciones de emergencia, el Departament de Justícia de la Generalitat ha creado un grupo de trabajo que argumentará, dibujará y difundirá las líneas rojas que distinguen, por una parte, las medidas admisibles para la preservación de la salud y, por otra, las acciones que comprometan los derechos que disfrutan de la máxima protección estatal, europea e internacional.
La Generalitat es la primera administración que impulsa un equipo de profesionales independientes que marcará criterios ante el choque entre seguridad, salud y libertades civiles
Las orientaciones elaboradas por el grupo de trabajo partirán de los debates en torno a la pandemia de la Covid-19 pero, sobre todo, proyectarán escenarios futuribles, en previsión de posibles rebrotes, nuevas pandemias u otras emergencias. Se trata de una reflexión para encarar etapas de crisis que pueden durar meses e ir acompañadas por la declaración de los estados excepcionales, con capacidad para suspender o condicionar los derechos fundamentales.
La creación de este grupo de expertos, una iniciativa inédita dentro y fuera del Estado español, facilitará una gestión pública de las crisis sociales fundamentada en el respeto a los derechos y las libertades de la ciudadanía.
Las conclusiones del grupo de trabajo serán públicas en otoño
Justícia ha designado el grupo de expertos a instancia de la vicepresidencia del Govern, que es la competente sobre el fomento y la defensa de los derechos humanos, políticos y civiles. El informe final estará terminado este otoño. El Departament de Justícia publicará el trabajo del Comitè y la consellera de Justicia, Ester Capella, lo entregará al presidente del Govern y al presidente del Parlament.
Además, se ha habilitado un buzón electrónico (dretsfonamentals.justicia@gencat.cat) a fin de que las personas e instituciones interesadas puedan hacer llegar al grupo de expertos las valoraciones o elementos de juicio que consideren de interés.
El comité es plural y paritario. Lo componen profesionales de reconocido prestigio, con una trayectoria marcada por la defensa de los derechos civiles y políticos. Incluye expertos en diferentes disciplinas académicas, sobre todo, del derecho, pero también de la filosofía, así como juristas vinculados a los movimientos sociales. Forman parte Enoch Albertí, catedrático de derecho constitucional de la UB; Xavier Antich, filósofo y profesor de la UdG; Anna Badia, catedrática de derecho internacional público y profesora del máster en Bioética y Derecho de la UB; Mercè Barceló, catedrática de derecho constitucional de la UAB; Josep Casadevall, abogado y exvicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Agustí Cerrillo, catedrático de derecho administrativo de la UOC y experto en transparencia y protección de datos; Francina Esteve, profesora de derecho internacional público a la UdG y experta en el ámbito de la Unión Europea; Anaïs Franquesa, abogada penalista y codirectora de Irídia; Josep Maria Vilajosana, catedrático de filosofía del derecho de la UPF; Núria Terribas, directora de la Cátedra de Bioética de la UVic-UCC; y Josep Maria Tamarit, catedrático de derecho penal de la UOC y la UdL.
Ninguno de los miembros percibirá ninguna remuneración ni compensación económica por su participación en el grupo de trabajo. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha encargado la coordinación al director de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, que es doctor en derecho, especialista en el ámbito del derecho administrativo y profesor de la UPF. El grupo de expertos actuará con objetividad, transparencia y plena independencia, con el apoyo técnico y organizativo del Departament de Justícia, así como con el apoyo de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
De los pasaportes inmunitarios a la potestad sancionadora
Durante la emergencia sanitaria, expertos y gobiernos de todo el mundo han puesto sobre la mesa y aplicado medidas que generan debate sobre el tope democrático para el control de la pandemia de la Covid-19. El encargo en el grupo de expertos es el de fijar las orientaciones sobre los límites que las administraciones tienen que respetar para evitar que la protección de la salud no tenga una incidencia excesiva sobre los derechos y las libertades de la ciudadanía.
Las sanciones, los pasaportes inmunitarios, el rastreo de telefonía móvil, la restricción de la circulación o la persecución de noticias falsas son algunos ejemplos de análisis sobre posibles lesiones de los derechos a la intimidad, el de reunión y manifestación, la libertad de expresión o de creencias religiosas, el de circulación y residencia, o el derecho a la información y a la transparencia de las políticas públicas.