El Institut Català de Finances y la Agència de l’Habitatge de Catalunya ponen en marcha dos líneas de préstamos con condiciones preferentes para financiar la construcción y la compra de viviendas destinadas a alquiler social. Una iniciativa que responde al objetivo de la Generalitat de incrementar el parque de alquiler social y mejorar las vías de acceso en la vivienda con la construcción y rehabilitación del parque ya construido, así como la respuesta ante situaciones de emergencia.
Estas dos líneas permitirán aumentar el parque de alquiler social de Catalunya en 2.800 pisos
De los 250 millones de euros, un total de 110 millones son para que ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector puedan comprar viviendas y destinarlos a alquiler social. Los 140 millones restantes son para que los promotores puedan construir nuevas viviendas de alquiler social.
Nuevas viviendas para el parque de vivienda pública
La línea dotada con 110 millones de euros tiene como destinatarios ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, entidades del tercer sector y promotores sociales. El objetivo es que estas entidades puedan adquirir viviendas que se destinarán a alquiler social. Se estima que esta línea de préstamos permitirá ampliar la oferta de alquiler social a Catalunya en 1.800 viviendas.
1.800 viviendas nuevas para el parque de vivienda pública de Catalunya
En los próximos meses, está previsto que las entidades financieras saquen en venta una parte importante de su parque de viviendas. La legalidad vigente permite que antes de la venta el AHC pueda ejercer su derecho de tanteo y retracto y adquirirlos, para después ofrecerlos a las entidades del tercer sector y a los promotores sociales. Estas operaciones, que se hacen a precios individualmente muy ajustados, representan una oportunidad única para incrementar notablemente el parque de alquiler social.
Por su parte, y de acuerdo con el acuerdo marco firmado entre el ICF y el AHC, las entidades que adquieran estas viviendas tendrán que destinarlos, prioritariamente, a situaciones derivadas de las mesas de emergencias.
En este caso, los arrendatarios pagarán sólo 30 euros en el mes. Cuando los ingresos estén por debajo de 1,86 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC), la Generalitat subvencionará la diferencia entre los 30 euros de alquiler mensuales y los gastos de retornament del préstamo. Si no hay situaciones de estos tipos, podrán destinar las viviendas a alquiler social para otros colectivos con necesidades dentro del municipio.
Esta línea apuesta por la fórmula de la propiedad temporal asociada al préstamo recibido. Es decir, las entidades serán las titulares de los inmuebles durante 75 años, plazo a partir del cual la vivienda entrará a formar parte del parque público de la Generalitat.
Nuevas viviendas para el parque de alquiler social
El ICF y el AHC también activaron en abril una línea de financiación para la construcción de viviendas de alquiler social dotada con 140 millones de euros para promotores privados y promotores públicos (ayuntamientos, consejos comarcales...). Las viviendas se tendrán que construir en alguno de los 152 municipios con fuerte demanda acreditada, según el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda.
Estos préstamos servirán para ampliar el parque público de alquiler social a Catalunya ya que permitirán 1.000 nuevas viviendas, que serán de una media de 70 m2 y tendrán un precio máximo de 450 euros mensuales.
Préstamos en condiciones preferentes
Según el acuerdo, de las dos líneas de préstamos, el ICF aportará los recursos, analizará y gestionará los préstamos y el AHC emitirá un informe de elegibilidad. Los préstamos contarán con un tipo de interés fijo sobre el cual se aplicará una bonificación parcial por parte del AHC, caso que sea elegible. El plazo de amortización será de un máximo de 25 años, con posibilidad de un periodo de carencia de hasta 2 años incluidos.
Las solicitudes de estos préstamos -ICF Vivienda Social (promoción) e ICF Vivienda Social (adquisició)- se pueden hacer a través de la plataforma del ICF (www.icf.cat).
El Gobierno adquirirá entre 30 y 40 pisos de ejecuciones hipotecarias de los bancos para destinarlos a alquiler social
El pasado mes de julio, la Generalitat vendió 16 fincas urbanas procedentes de herencias intestadas que no cumplían las condiciones para ser destinados a vivienda pública, por 2,9 millones de euros. El importe obtenido de esta subasta pública se destinará íntegramente y de manera inmediata a la compra de entre 30 y 40 pisos a la ciudad de Barcelona y municipios del Área Metropolitana, para poder destinarlos a alquiler social y evitar, así, su transmisión a fondo de inversión.
29 pisos procedentes de herencias intestadas directas en el Tercer Sector
Paralelamente, y de acuerdo con el convenio firmado con el Tercer Sector, se está tramitando la adscripción directa como vivienda social de 29 fincas urbanas en la Agencia de la Vivienda de Catalunya (11 de las cuales están situadas en la ciudad de Barcelona).
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