Más usuarios y menos dinero. Eso es lo que denuncia ahora el Ayuntamiento de Barcelona, que asegura que el estado español ha dejado de invertir 540 millones de euros en los últimos siete años en el transporte público metropolitano. Precisamente por eso, la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, reclama que se revierta esta situación incrementando de 108 a 148 millones de euros la aportación a partir de 2018 que tiene que hacer el Ministerio de Cristóbal Montoro para cubrir estos gastos.
Si no es así, no puede garantizar que las tarifas de los billetes de transporte queden congeladas como ha hecho estos últimos años y sólo tienen hasta el día 28 para saberlo ya que es cuándo se reúnen el consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y decidirán las tarifas.
Colau no ha dudado en directamente al ministro de Hacienda por carta y, después de recordarle que han cortado el grifo en un 45,8% entre 2010 y en 2017, le ha exigido que "asuma su responsabilidad en el transporte público de proximidad" e iguale "la aportación prevista por el Ayuntamiento posibilitando la congelación de tarifas para 2018".
De hecho, ayer, el consistorio barcelonés aprobó sin ningún voto en contra pedir que se incremente esta financiación, mientras se ha lamentado de que España "es el único país europeo que no tiene una ley estatal de financiación en este ámbito" y ha puesto encima de la mesa que "las prioridades de inversión no están orientadas al transporte público de proximidad, cuando precisamente es lo que utilizan diariamente millones de personas".
Y no solo eso. También ha recordado a Montoro que el pasado 13 de septiembre, la ATM se dirigió en su Ministerio para pedir una aportación "suficiente" del Estado, sin embargo, como ha pasado en otras ocasiones, no han obtenido respuesta, motivo por el cual le pide "iniciar un camino de corresponsabilidad en la financiación de un transporte público que es vital para luchar contra la contaminación y mejorar la calidad de vida" de los barceloneses.
De hecho, si el Ministerio de Hacienda invertía 200,1 millones de euros en el 2010 en el transporte público de Barcelona, ahora solo aporta 108,4 millones. Y todo ellos teniendo presente que el número de viajeros se ha incrementado en 40.000 en este periodo de siete años, aparte de que, según apunta el consistorio, él mismo ha tenido que incrementar sus aportaciones en este sentido en un 86,7%; el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un 21,8% y la Generalitat, un 26,9%.
Esta reducción de la aportación del gobierno de Mariano Rajoy se produce en un momento en que Barcelona empieza a aplicar restricciones de tráfico para conseguir que la contaminación disminuya y cuando, además, está interconectando toda la ciudad con carriles bici para alentar a la población que deje de utilizar compulsivamente el vehículo privado y contribuya así a mejorar las condiciones del aire de la ciudad.