Una quincena de particulares con el apoyo de la Oficina de Vida Independiente (OVI), entidad sin ánimo de lucro dirigida y gestionada por personas con diversidad funcional, han presentado una demanda contra el Institut Metropolità del Taxi (IMET) por incumplir el decreto ley que fijaba que a finales del 2017 al menos un 5% de la flota de taxis debían estar adaptados para personas con movilidad reducida.

La demanda, que ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona, reclama que se cumpla el Real Decreto 1544/2007 que fijaba un 5% de taxis adaptados y un plazo de 10 años, agotado en 2017, para alcanzarlo y demuestra "el incumplimiento flagrante" del decreto, según fuentes del Col·lectiu Ronda, representantes de los demandantes, en conversación con elNacional.cat. En la actualidad, en el Àrea Metropolitana de Barcelona la proporción de taxis adaptados con respecto a los que no lo están es a duras penas de un 1 por ciento.

La demanda recuerda que ya han pasado trece años largos desde que se aprobó la norma y más de tres años desde que se debería haber cumplido. De hecho, el mismo colectivo dirigió en 2019 –dos años después de finalizado el plazo-, una reclamación al IMET sin obtener ninguna respuesta.

Consultado por elNacional.cat, el IMET ha declinado hacer valoraciones sobre la demanda.

¿Nuevo plazo de seis meses?

Ahora, según apunta el Col·lectiu Ronda, de la demanda esperan que el juez "obligue al IMET a cumplir la ratio", y apuntan que una "opción razonable" sería "un plazo de seis meses" para adaptarse a la nueva situación.

Además, en declaraciones en la ACN el grupo que ha presentado la demanda asegura que el taxi "no es un lujo ni un capricho sino una necesidad vital" para desplazarse por la ciudad y advierten que la pandemia "todavía ha agravado mucho más esta situación de falta de autonomía por la necesidad de reducir al máximo el contacto personal y las restricciones generales a la movilidad".

¿Qué dice la ley?

El Real Decreto 1544/2007, publicado en el BOE el 14 de diciembre del 2007 regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de las formas de transporte para personas con discapacidad. Con respecto al taxi adaptado especifica, en el artículo octavo, que los ayuntamientos "tienen que promover que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados", y señala que "si no se cubre el mencionado porcentaje, los ayuntamientos tienen que exigir a las últimas licencias que se admitan que su autotaxi sea accesible". En el caso de Barcelona, es el IMET quien, en el ámbito del Área Metropolitana, administra y gestiona el servicio del taxi.

 

 

Además, también se aclara que los vehículos adaptados "tienen que prestar servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad, sin embargo, en el caso de estar libres de estos servicios, tienen que estar en igualdad con los otros autotaxis no adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano sin discapacidad".

Finalmente, el mismo artículo fija que alcanzar el porcentaje mínimo del cinco por ciento se tiene que alcanzar en un plazo de diez años "después de la entrada en vigor de este Real decreto", es decir, que había un margen hasta el 2017 que ya hace más de tres años que se ha agotado.

Adicionalmente, desde el Colectivo Ronda apuntan que no facilitar el acceso a los taxis adaptados vulnera también el artículo 14 de la Constitución Española, que afirma que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación en razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y también la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión del 2013, que recoge la "obligación de las administraciones a garantizar el acceso universal al transporte". Además, la no disponibilidad de transporte adaptado también vulneraría la convención de la ONU del 2006 sobre protección de personas con discapacidad, de la cual es signatario el Estado español.

 

Imagen principal: Concentración de taxis en Barcelona / ACN