Barcelona contará con una nueva ordenanza de convivencia una vez el pleno municipal correspondiente al mes de diciembre, celebrado este viernes, ha aprobado la modificación de esta normativa del año 2006, que ya había sido trabajada y aprobada inicialmente gracias a los votos de Junts per Barcelona, Partit dels Socialistes de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. Sin giros de guion, Barcelona en Comú y Vox han votado en contra, mientras que el Partido Popular, partido que optó por hacer reserva de voto en la comisión extraordinaria donde se hizo la aprobación inicial, finalmente ha optado por la abstención, aunque el sentido de su voto no habría cambiado la decisión final.

Una vez aprobado en el pleno, el nuevo texto entrará en vigor al cabo de un mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, un hecho que se podrá producir no más tarde de principios de febrero, dada la circunstancia de la coincidencia con el periodo de Navidad. Esta nueva ordenanza se ha aprobado tras dos años de propuestas y negociaciones e incluye un endurecimiento de las sanciones, especialmente en los casos más graves, ya que se ha buscado la manera de superar los topes vigentes por la vía de las agravantes. Así y a modo de ejemplo, las sanciones por hacer botellón se mantienen en una horquilla de entre 100 y 600 euros según la gravedad, pero con la agravante de que si esto se hace en presencia de menores, por ejemplo, en un parque infantil, la multa se podría elevar a un máximo de 1.500 euros.

Otro ejemplo es el de las rutas etílicas o de borrachera, que desde octubre están prohibidas en toda la ciudad, pero la ordenanza incluye una sanción estrella de hasta 3.000 euros por promoverlas de manera activa u organizarlas, un supuesto que, además, se quiere introducir en el plan de objetivos de las políticas de prevención y seguridad para asegurar un control sistemático que evite que se reproduzcan estas actitudes. Más ejemplos de endurecimiento de las sanciones a causa de agravantes son el de orinar en la vía pública, con multas de hasta 300 euros, pero podrán llegar a los 750 si esta acción incívica se hace en calles estrechas, monumentos o edificios catalogados, o lugares concurridos.

Datáfonos para facilitar el pago a extranjeros

A este endurecimiento del régimen sancionador se suman otras novedades, como incluir la aporofobia como nuevo eje discriminatorio o el hecho de que se haya trabajado en un punto negro del régimen sancionador, la falta de cobro en caso de extranjeros. En este aspecto, el Ayuntamiento ha trabajado convenios con la Generalitat y el Estado para asegurarse de que las sanciones puedan llegar a todos los catalanes y españoles aunque no residan en la ciudad, pero en el caso de extranjeros no residentes lo que se articula es facilitar el pago en el momento en que se impone la sanción. 

En este sentido, los agentes de la Guàrdia Urbana ya van provistos de datáfono y hasta ahora se pueden pagar por este sistema y con bonificaciones por pago inmediato las sanciones leves, pero ahora se incorpora que en caso de no residentes en el Estado se pueda hacer el pago inmediato para todos los tipos de sanciones, aunque estas sean graves. Otra novedad será que se recaudará más con el pago de las sanciones con modificaciones a la baja en cuanto a las bonificaciones. En este sentido, actualmente los descuentos son del 75 al 65% según el momento en que se pague la multa, de manera que una sanción de 100 euros, pagada inmediatamente puede salir a 25 o 35 euros. La modificación prevé que ahora el descuento sea del 50 o el 40%, de manera que la misma multa de 100 euros supondrá un pago bonificado de 50 o 60 euros.

Collboni defiende que la ordenanza es "progresista"

En defensa de la propuesta, el alcalde Collboni ha defendido que la nueva ordenanza es "progresista" porque "protege a quien más sufre el incivismo", citando los barrios populares o el comercio de proximidad. Ha reivindicado que las sanciones "no son incompatibles" con las políticas sociales y ha destacado el "consenso" en la actualización tras el acuerdo con Junts y ERC. "La convivencia no depende de un solo color político", ha defendido Collboni, que ha reivindicado que esto da "seguridad jurídica y continuidad en el tiempo". Asimismo, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha afirmado que la actualización de la ordenanza de civismo se ha hecho "con el máximo consenso posible" y que "combina de forma equilibrada" el endurecimiento de las sanciones con el refuerzo del cobro efectivo de las multas y la "mirada social". "El objetivo no es sancionar más, sino reducir el incivismo y garantizar una mejor convivencia", ha dicho Batlle, remarcando que la reforma de la norma también "pone un énfasis especial en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad".