Olor de pintura fresca. Albañiles, con chándal azul y camisa imperio en continua carrerilla por los pasillos exteriores, ultiman los últimos detalles. Las cristaleras están acabadas de encajar, relucientes. Sólo una casual rata en la entrada principal de esta Casa Bloc del barrio de Sant Andreu paraliza por instantes la euforia con que Enric Morist, coordinador de Cruz Roja en Catalunya, presenta el edificio que tiene que acoger a unos noventa refugiados.

Entre las cuatro paredes se respira Segunda República. Construida en los años 30, es símbolo de la arquitectura racionalista que repensó la vivienda para los más necesitados. Practicidad, economía y muchos espacios comunes. A pesar de las especiales características de un curioso edificio que hasta el julio pasado hospedaba a viudas de militares, Morist afirma que “son espacios normalizados, dignos, espacios de ciudad”.

La Generalitat ha invertido 300.000 euros en la reforma de las viviendas, y ahora serán las entidades Cruz Roja, Accem y CEA(R) quienes se encargarán de acompañar a personas que, “perseguidas políticamente” en sus países, pero que ya llevan un tiempo en otros lugares de acogida provisionales, entrarán a formar parte, al menos durante nueve meses, de la vida del barrio andreuenc.

Normalizar vidas

Más allá del conflicto sirio, que ha obligado a abandonar su casa a centenares de miles de personas, Catalunya recibe solicitantes de asilo de otros países como Eritrea, Afganistán o, en gran parte, de Ucrania. En la capital catalana, de los 300 del año 2012, se ha pasado en 1.374 en el 2015 y sólo en los tres primeros meses del 2016 han llegado 400.

“Conseguir que tengan una vida” es el principal objetivo de las administraciones catalanas. En este sentido, tanto a nivel de Generalitat como al Ayuntamiento de Barcelona, reivindican su total alineación entre ellas y las entidades sociales para poner remedio a un drama que, en palabras del republicano Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, es “el compromiso de una democracia adelantada”.

Pero el techo necesita vigas. De “la autonomía vital” quieren ser garantía las entidades, y no des de ahora, sino des de hace más tres décadas, a través del acompañamiento tanto jurídico como laboral. “Preparamos a las personas en función de su perfil y necesidades”, explica Morist, a la vez que prestan atención en que el factor lingüístico no sea una traba para empezar a trabajar. En caso de no conseguirlo en 24 meses, pasan a integrarse en la red de servicios sociales del Ajuntament o la Generalitat.

Punto y seguido

“Eso no se acaba aquí. El Govern ha expresado su firme compromiso”, ha asegurado Oriol Amorós, añadiendo que “no es un acto de solidaridad, es un deber”.  

Carles Sala, secretari de Habitatge de la Generalitat, se ha encargado de ponerlo en cifras. “Si finalmente llegan los refugiados que el Govern ha solicitado –haciendo referencia a la carta del president Carles Puigdemont a la UE- ofreceremos cualquiera de las 14.000 viviendas que tiene la Generalitat”. También, los más de 1.800 pisos de entidades financieras que deben cedernos con función social.