La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, que incluye el interior de las rondas y que afecta también a los municipios de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, comporta una serie de restricciones a determinados tipos de vehículos, considerados como más contaminantes. En vigor desde el 2017 y con varios cambios de ordenanzas, inmersa en un periplo judicial y con acciones en contra como la moratoria de tres años decretada en Badalona, la ZBE "necesita mejorar", según diagnóstico del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), que ha radiografiado la percepción de los usuarios en el estudio 'Impacto y aceptación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona' elaborado conjuntamente con la aseguradora Zurich.

Así lo ha especificado este miércoles por la mañana el director del Área de Movilidad del RACC, Cristian Bardají, en la presentación del estudio, que ha añadido que la ZBE tiene "potencial de mejora", según se desprende de los datos del estudio, que concluyen que ocho de cada diez usuarios no están satisfechos con la gestión de la ZBE en Barcelona -aunque dentro de la condición de 'no satisfechos' se incluye una horquilla de valoración entre el 0 y el 7 de una escala de 10 puntos- y, por lo tanto, la suspenden con una valoración de 4,9 en la ciudad de Barcelona y de 4,3 en el área Metropolitana.

Otros datos que se desprenden del estudio y que afianza esta necesidad de mejorar es que 9 de cada 10 usuarios consideran muy difícil de entender el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y le ponen una nota de 4,4 sobre 10, mientras que un 60% opina que en el resto de municipios del área metropolitana tendrían que tener los mismos criterios para ayudar a su comprensión. Estos datos contrastan con el hecho de que un 51% de los encuestados están de acuerdo con la implantación de las ZBE. Además, un 55% está en desacuerdo al ampliar las restricciones de los vehículos con etiqueta B (amarilla) y un 68% se manifiesta en contra de aplicar un peaje urbano para acceder a la ciudad de Barcelona.

Por todo ello, el RACC recomienda incidir en tres campos, el primero de los cuales sería "mantener la normativa el máximo de simple y armónica posible", ha indicado Bardají, a pesar de reconocer que este hecho depende de "la autonomía municipal", razón por la cual ha pedido la "necesaria coordinación entre las administraciones". El segundo ámbito, recurrente en este tipo de diagnósticos, es la necesidad de "construir una alternativa en el transporte público", señalando que la encuesta, precisamente, demuestra que no ha habido cambios importantes de movilidad en un contexto de "importantes incentivos económicos" al transporte público. Finalmente, el tercer campo es la necesidad de impulsar "incentivos directos" para fomentar la movilidad sostenible.