Ocho funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona en el distrito de Ciutat Vella serán juzgados por haber tramitado de forma fraudulenta y arbitraria licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella entre los años 2005 y 2009, en muchos casos a cambio de dinero.
La magistrada encargada del caso ha cerrado la investigación que empezó en el 2009 y, según adelanta El Periódico, ha mantenido la acusación contra 23 personas, la mayoría de ellas propietarios de pisos que recorrieron a los servicios de la red corrupta de funcionarios. La jueza los imputa los delitos de cohecho, falsedad y prevaricación.
Según la jueza el funcionario municipal Heliodoro Lozano, que durante ocho años fue ninguno de servicios técnicos en Ciudad vieja, el ingeniero industrial Joaquim Quílez y la funcionaría municipal y exasesora jurídica del ayuntamiento Elena Ariza actuaban de forma coordinada para facilitar a propietarios de viviendas que estaban dispuestos a hacer pagos "extraordinarios" la tramitación de las licencias de pisos turísticos sin cumplir los requisitos legales exigidos". Se han detectado irregularidad ente al menos 13 expedientes.