El partido de ultraderecha Vox intenta convertir su reducida presencia en el pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona, justo dos concejales, para llevar a la Casa Gran su habitual ofensiva españolista, que este viernes ha tomado forma en la defensa del supremacismo de la lengua castellana, la única que impone el Estado español por vía de la Constitución. Lo ha hecho a través de dos preguntas al gobierno municipal, con dos intentos de socavar la presencia y el fomento del uso de la lengua catalana por parte del Ayuntamiento. Dos ataques a la lengua catalana que se han resuelto, como era previsible, con un doble fracaso.
El primer embate ha sido protagonizado por el concejal Liberto Senderos, que ha pedido que el Ayuntamiento de Barcelona suspendiera las subvenciones que el Ayuntamiento otorga a Plataforma per la Llengua, entidad que destaca por su trabajo en denunciar las discriminaciones lingüísticas que viven diariamente los catalanohablantes. En un encendido y a veces insultante parlamento, el concejal de ultraderecha ha acusado Plataforma per la Llengua "de espiar niños" y practicar "el acoso lingüístico" y ha reclamado que no se renueven las subvenciones a esta entidad. A su vez, la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay ha optado por un breve "votaremos en contra" para rechazar la propuesta.
Repitiendo el discurso habitual de la derecha mediática, Senderos ha asegurado que Plataforma per la Llengua "no fomenta el catalán, pretende imponerlo" para añadir, que "después nos sorprendemos de que faltan médicos, porque interesa antes de que el médico hable catalán que que sea el mejor médico", a más de añadir que el Ayuntamiento "da preferencia al catalán, al tagalo, el árabe y el urdu mientras el castellano queda en segundo término".
El caso del clarinetista que ha suspendido el examen
El segundo embate lo ha protagonizado el presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, que ha pedido al alcalde Collboni que readmitiera a los trabajadores municipales interinos que no han superado las últimas pruebas de acceso y, por lo tanto, no pueden acceder a una plaza fija. De hecho, lo que Gonzalo de Oro pretendía era que aquellas personas que no han superado, entre toda una batería de requisitos, el examen de catalán, fueran readmitidas a pesar de no haber superado la convocatoria. "Treinta y nueve personas se quedan en la calle por no tener el C1 de catalán", ha apuntado De Oro, que ha mencionado el caso de un clarinetista que la derecha mediática ha querido convertir en víctima para esconder su incapacidad para superar los requisitos pedidos. El mismo político ultra ha hecho suyo el mantra que "el catalán tiene que ser un plus, no una exigencia", evitando recordar que el castellano se impone a todos los españoles.
En su respuesta, el alcalde Collboni ha defendido que el Ayuntamiento de Barcelona "cumple las leyes" y que se ha hecho un concurso de méritos por regularizar la situación de interinato de más de 1600 trabajadores, con toda una serie de requisitos como "el conocimiento del catalán y el del castellano para los nacidos fuera de España", para remachar que el Ayuntamiento "no despide, aplica las normas vigentes". El espectáculo españolista ha acabado, pues, como era previsible, con un nuevo fracaso del supremacismo lingüístico en favor del castellano que defiende Vox.