La señora Blanca, una vecina de 78 años del barrio Gòtic de Barcelona, ha sido desahuciada este jueves por un impago inicial de 177 euros, tras un intento de lanzamiento aplazado en el último momento el pasado mes de noviembre. En 2017, las partes acordaron unas obras de mejora en la vivienda asumidas por la propiedad, con la contraprestación de aumentar en 88,80 euros mensuales el alquiler. La mujer, sin embargo, no pagó inicialmente las dos primeras mensualidades, porque creía que las obras no se adecuaban a lo que se había pactado previamente. En noviembre, la propiedad aceptó negociar un alquiler a precio de mercado. Finalmente, la mujer ha sido desahuciada de su domicilio de la calle de Boters, 6. El colectivo Resistim al Gòtic ha culpado al Ajuntament de Barcelona, pero este asegura que ha sido la propiedad la que ha rechazado su propuesta.

Según ha explicado Resistim al Gòtic en un comunicado, durante estos tres meses se han producido negociaciones y existía un acuerdo, que ha lamentado que el consistorio barcelonés ha acabado rompiendo "de manera totalmente opaca y vergonzosa". Este acuerdo establecería que la mujer siguiera pagando la renta antigua y el Ajuntament la complementaría hasta los mil euros exigidos por la propiedad, con una fecha fija para tener acceso a la vivienda pública que está esperando la vecina. Además, esta entidad ha afirmado que finalmente el consistorio ha rechazado el acuerdo con argumentos "absurdos, poco coherentes y poco creíbles" y ha apuntado a que los pagos de cuotas de alquiler a "propietarios especuladores" no atacan la raíz del problema, pero ha defendido que permiten a personas en proceso de desahucio seguir viviendo en su hogar habitual mientras se les busca un piso de emergencia. En este caso, hacía 55 años que la mujer vivía en este domicilio.

Por todo ello, el colectivo ha exigido explicaciones inmediatas al Ajuntament y que esta vecina sea realojada "inmediatamente" en una vivienda pública en el barrio. Por su parte, y según recoge la ACN, fuentes del Ajuntament han explicado que el problema es que no puede avalar pagos de terceros, como estaba reclamando la propiedad. Por eso, su propuesta era la de dar una ayuda de emergencia social a la mujer en concepto de vivienda, de 1.000 euros, que se abonaría a la propiedad para que la vecina pudiera permanecer en su piso. El consistorio ha insistido en que no puede avalar, pero sí otorgar ayudas de emergencia. Por eso, se comprometía a abonar esta ayuda de emergencia hasta que la mujer dejara la vivienda y se fuera a un piso público. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que la propiedad ha rechazado esta opción.

De momento, se ha activado un alojamiento de emergencia para la vecina desahuciada en el Eixample y durante los próximos días la mujer podrá ir a su antigua vivienda a recoger sus pertenencias, según han indicado desde el consistorio.