El ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, encargó un informe jurídico que defendía la capacidad del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para intervenir temporalmente la sociedad mixta Aigües de Barcelona (AB-SEM) como medida provisional si el Tribunal Supremo avalaba la sentencia del TSJC de 2016. El encargo costó a las arcas municipales 42.350 euros.
El Ayuntamiento encargó el informe a la empresa Barcelona Cicle de l'Aigua (BCasa) -compañía pública creada por el AMB- y que preside el concejal de Emergència Climàtica i Transició Ecològica de los comunes Eloi Badia, que, a su vez solicitó el documento al bufete de abogados Menéndez y A sociados para que realizara una interpretación jurídica sobre la sentencia que iba a hacer el Tribunal Supremo (TS). Finalmente, el TS avaló la sociedad mixta Aigües de Barcelona, constituida en 2012 por Agbar y el AMB, revocando una sentencia anterior del TSJC.
El objeto del contrato era la “Contractació d'assistència jurídica externa pera a la realització dels informes i dictàmens contemplats a l'estudi per a la gestió pública de l'aigua a la ciutat de Barcelona”.
El informe, concluye que el artículo 56 de la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) habilita al AMB a adoptar medidas provisionales en el marco de los procedimientos de liquidación de convenio con la Sociedad General de Aigües de Barcelona (SGAB) y de establecimiento del servicio y cambio de modo de gestión del servicio.
Estas medidas, según el informe, deben permitir "controlar la adopción de determinadas decisiones en el seno de AB-SEM para asegurar la eficacia de la resolución final y la protección de los intereses públicos".
Bufete Menéndez y Asociados
Se da el caso que, en julio 2018, el Ayuntamiento volvió a contratar al bufete Menéndez y Asociados durante 6 meses y por 18.119,75 €, para la “Assistència jurídica pels treballs desenvolupats en relació a la gestió pública de l'aigua, de juliol a desembre 2018”.
A la vez, el citado bufete recibió una subvención de 5.000 € por “buenos compromisos” a través de la Gerència de Presidència y Economia.
Contratación irregular de Badia
Carlos Menéndez del Valle es además el abogado de Acciona que impugnó los acuerdos metropolitanos para la constitución de la sociedad mixta y se ha encargado de los contenciosos contra el AMB. Según fuentes conocedoras del proceso, el concejal Badia "burló" al AMB y decidió contratar con fondos públicos del ayuntamiento de Barcelona "y de manera absolutamente irregular al bufete Menéndez".
"Es fácilmente comprensible que el abogado que ha actuado contra una entidad pública, el AMB, no puede ser contratado por esta entidad u otras relacionadas, en el mismo asunto y procedimiento para que le indique cómo debe de ejecutar una sentencia", han añadido las fuentes.