Barcelona en Comú, la formación de la alcaldesa, Ada Colau, presentará una proposición en el plenario de este viernes, 30 de septiembre, para reconocer institucionalmente el papel de Itziar González, exconcejala de Ciutat Vella -se presentó como independiente en las listas del PSC- y Lourdes Conesa, funcionaria municipal, por su papel de alertadoras en la denuncia de las irregularidades en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico (HUTS) entre 2005 y 2009, y a impulsar de oficio "los canales legalmente establecidos para que se pueda producir un proceso de reparación por los daños sufridos que evite una revictimización". La propuesta llega después de que a principios de este septiembre la Audiencia de Barcelona condenó a 17 acusados por este caso de corrupción.
La proposición del grupo de BComú, que presentará el concejal Ciutat Vella, Jordi Rabassa, insta a manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona "de revisar y fortalecer los mecanismos internos de la administración local para garantizar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras municipales que denuncien prácticas fraudulentas o corruptas" al consistorio. También se pedirá al Congreso de los Diputados que trabaje con las entidades y órganos especializados en la materia con el fin de enriquecer el proyecto de Ley de protección a informantes "para que sea una herramienta eficaz para la salvaguardia de las personas que denuncian irregularidades relacionadas con el fraude y la corrupción, contribuyendo así al fomento de una cultura de integridad y ética públicas".
La propuesta contará con el apoyo de ERC, que este miércoles, en la presentación de sus propuestas por el plenario, ha defendido que votará a favor, aunque ha recordado que ya la semana pasada presentaron una propuesta propia para defender la necesidad de resarcir a Itziar González y Lourdes Conesa y reconocer como consistorio que ningún gobierno municipal estuvo a la altura en el caso de las tramitaciones fraudulentas de licencias en Ciutat Vella. "Queremos que esto no vuelva a pasar en un futuro, y eso pasa por reforzar los mecanismos de ética y anticorrupción del Ayuntamiento", ha remachado el portavoz de ERC, Jordi Coronas, que también ha defendido la necesidad de que desde el consistorio se haga "un acto de justicia" con las alertadoras del caso, Itziar González y Lourdes Conesa.
Diecisiete condenados
Al principio de septiembre la Audiencia de Barcelona condenó a 17 personas de la trama de corrupción de Ciutat Vella, a penas de entre 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión, además de inhabilitación, por los delitos de soborno, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental. Entre los 25 acusados iniciales había ocho funcionarios que habrían recibido dinero de titulares de negocios a cambio de agilizar licencias urbanísticas de pisos turísticos en el 2007. La condena fue acordada porque en la primera sesión del juicio, los principales acusados, Helidoro Lozano, ninguno de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella, y el arquitecto Joaquim Quilez aceptaron los hechos, y la Fiscalía Anticorrupción rebajó de forma sustancial su petición de condena (inicialmente de 20 años de prisión), ahora confirmada: el primero a 2 años y 6 meses de prisión y el segundo a 3 años y 6 meses. La única funcionaria que no pactó con la fiscalía, Elena Ariza, ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión, un castigo superior a su jefe, Lozano, que ya está jubilado.
El caso fue destapado por González y Conesa, entonces trabajadoras municipales, denunciaron los hechos y sufrieron amenazas graves, además de consecuencias para la salud, para la vida personal y para la profesional. Las dos declararon a lo largo del juicio que no habían tenido suficiente apoyo del Ayuntamiento, y este es uno de los motivos por el cual BComú quiere emitir un reconocimiento institucional a la exconcejala y a la funcionaria por el papel que tuvieron en la denuncia de la trama entre el 2005 y el 2009. Al mismo tiempo, la proposición reclama que se pueda producir un proceso de reparación por los daños sufridos que evite una revictimización.