El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) una multa de 7 millones de euros por el incumplimiento del contrato de la limpieza y recogida de residuos entre los años 2013 y el 2015 en Gracia e Izquierda del Eixample. 5 millones de euros son penalizaciones, mientras que poco más de 2 millones de euros corresponden al resarcimiento por daños y perjuicios. Jaume Asens, teniente de alcaldía, considera que se ha demostrado una ''trama organizada'' por ''burlar los controles internos'' y ha añadido que ''ha saqueado de manera continuada'' en un servicio público. El Ayuntamiento no rescindirá, de momento el contrato con FCC pero no lo descarta en un futuro. El expediente se resolverá en el Consejo Plenario de este viernes.

El expediente sancionador, que supone el máximo nivel posible según la normativa vigente, discrimina 5.051.610 euros correspondientes a las sanciones tanto en el ámbito de la limpieza como en la recogida de residuos y 2.120.775, por resarcimiento de daños y perjuicios.

De los 5 millones, 2.940.714 euros se imponen por haber falseado las prestaciones, haber modificado los servicios sin causa justificada y notificación previa, o haber utilizado sistemas de trabajo diferentes a los previstos, en el contrato de limpieza, y por no haber entregado en las plantas de tratamiento la totalidad de los residuos, no haber respetado la separación en fracciones y modificar el servicio también sin causa justificada ni notificación. 2.110.896 euros más, se imponen como sanción para no informar de los servicios de limpieza no prestados y de los prestados con un número inferior de personas.

De los 2 millones de resarcimiento de daños y perjudicis,1.268.289 euros se han calculado en función de los servicios de limpieza certificados entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015 no prestados totalmente o con un número inferior de personas, y 852.586 euros por daños y perjuicios al afectar ''muy negativamente'' las políticas públicas de reciclaje y poner en riesgo la percepción de la ciudadanía sobre la recogida selectiva que efectivamente se realiza en la ciudad y desincentiva la separación de residuos.

Un saqueo continuo

El teniente de alcaldía de de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, ha destacado que el importe que tendrá que abonar FCC es el máximo que permite la normativa y ha asegurado que el expediente ha confirmado estar delante de una ''trama organizada'' para ''burlar'' los controles internos'' y ha añadido que ''ha saqueado de manera continuada en un ámbito tan sensible como la limpieza y el reciclaje selectivo de residuos en un servicio propio'' por ''beneficio propio e intereses ilegítimos''.

De momento, ha asegurado a Asens, no se ha querido rescindir el contrato con FCC porque según ha detallado el teniente de alcaldía, sólo representa un 0,7% de la facturación total de la empresa y la jurisprudencia indicaba que podrían perder el procedimiento judicial, pero ha asegurado que no es una decisión que se descarte en función del procedimiento penal. Asens ha explicado que el informe del Ayuntamiento ya se ha enviado a la Fiscalía de Catalunya y se priva ''a la espera'' de lo que diga el ministerio público.

El plenario de este viernes resolverá la sanción y después, se comunicará a la empresa. El Ayuntamiento ya comunicó a FCC la propuesta de resolución y desestimó las alegaciones que presentó la compañía. Después de la comunicación oficial, la empresa puede presentar recurso de alzada. ''Es muy probable que acabamos en los tribunales'', ha sentenciado Asens.

Medio año de investigaciones internas

Después de medio año de investigaciones internas, el gobierno local ha concluido que entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015, la empresa certificó 6.130 servicios no prestados o prestados con un número inferior de personas, a la mitad de la zona de Gracia e Izquierda del Eixample. También ha concluido que en el 2014 la empresa alteró de manera consciente e intencionada como mínimo 30 de los 6.200 servicios anuales de recogida de voluminosos, con el objetivo de evitar el salto de lado económico del contrato, y por lo tanto, residuos voluminosos fueron a parar a una planta de tratamiento errónea. Además, en 2014, la empresa mezcló el 0,5% de los contenedores recogidos en la zona de residuos de envases con residuos de fracción resto u orgánicos, también por cuestiones económicas, y por lo tanto, se llevaron envases separados selectivamente para plantas que no correspondía.