El pleno municipal de este último viernes de septiembre ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora de los Procedimientos de Intervención Municipales en las Obras (ORPIMO) que fortalecerá los mecanismos de control sobre los derribos con el objetivo, como ya se avanzó el pasado mes de abril, de evitar nuevos desastres patrimoniales como la desaparición reciente de edificios históricos como la Vila Concepció a la Prosperidad o la Cooperativa Flor de Maig en Galvany. Con la nueva normativa para derribar un edificio no protegido hará falta tramitar una licencia y presentar un informe vinculado a la memoria histórica para evaluar si el elemento a derribar tiene valor patrimonial, mientras que hasta el momento sólo hacía falta un comunicado diferido.

Por lo tanto, si hasta ahora se podía derribar con relativa facilidad las fincas y edificaciones que no estaban incluidas en el Catálogo patrimonial, ahora se considerará que toda la ciudad construida puede tener un valor y, en consecuencia, habrá que analizarlo histórica y patrimonialmente. La tramitación de la licencia permitirá detectar si la finca tiene un valor relevante y, dado el caso, el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para incluirla en el catálogo y suspender la licencia solicitada, de manera que se podrá impedir que se estropeen edificios emblemáticos y fachadas históricas de los barrios, y que se repitan situaciones como la de las casitas de la calle de la Encarnació de Gràcia. El cambio en la ordenanza también se aprovecha para hacer algunos ajustes técnicos que contribuyen a clarificar plazos y definiciones.

Nueva concepción de la protección del patrimonio

El texto ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno municipal y ERC y la abstención del resto de grupos. Además, tener más control sobre los derribos forma parte del paquete de iniciativas que está poniendo en marcha Barcelona con el objetivo de marcar un antes y un después en la protección del patrimonio. Son acciones vinculadas a la mejora del Catálogo de Patrimonio, el blindaje de los tejidos históricos, el incremento del personal dedicado a las políticas patrimoniales, el aumento de la implicación ciudadana y el impulso de cambios legislativos. En definitiva, para preservar y respetar el pasado y todo lo que define la identidad de los barrios, porque hacerlo garantiza tener una ciudad preparada para el futuro.

En este sentido, casos como las casitas de la calle de la Encarnació, en Gràcia, y múltiples iniciativas vecinales para proteger jardines y entornos singulares, ponen de manifiesto la necesidad de actualizar la política patrimonial de la ciudad. Además, en un momento de emergencia climática, poder preservar la ciudad construida y evitar derribos para potenciar la rehabilitación es una de las estrategias claves para reducir emisiones y, al mismo tiempo, para fomentar la creación de una economía verde centrada en mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética de las edificaciones.