El gobierno del Ayuntamiento de Barcelona considera que la agencia pública de urbanismo e infraestructuras Barcelona Regional (BR) tiene que reintegrar a las arcas municipales 589.690 euros por una subvención que el ente recibió y de la que no ha conseguido probar que se destinaba a los ámbitos que trataba.

Fue durante el periodo en que el antiguo concejal de Urbanismo, el convergente Antoni Vives, presidía BR y el arquitecto Willy Müller era el director general. El consistorio deja ahora en manos del consejo de administración de Barcelona Regional –formado por ayuntamientos y consejos comarcales del área metropolitana, la Autoridad Portuaria, el Consorcio de la Zona Franca y Mercabarna, entre otros- el procedimiento por la devolución del dinero y quien los tiene que aportar. En una rueda de prensa posterior a la comisión municipal de seguimiento de este asunto, la responsable del área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, plantea que esta comisión sea de investigación. Es decir, abierta al público y con las comparecencias de los principales implicados.

Comisión de investigación

"Creemos que en este momento sería ya pertinente plantear en esta propuesta", ha dicho Sanz sobre impulsar una comisión de investigación, que ya se había planteado anteriormente pero que entonces "era precipitado", ha dicho. "Ahora tenemos los informes y es ahora cuando podemos valorar conjuntamente y decidir conjuntamente que, si hay amplio consenso entre los grupos municipales, impulsar la oportunidad de hacer esta comisión", ha añadido.

Los cerca de 600.000 euros que se reclaman corresponden a una subvención de 1,3 millones otorgada a finales de 2012 y destinada a intervenciones de carácter urbanístico. Cerca de la mitad del dinero se dirigieron a la entidad Barcelona Strategic Urban Systems (Bcnsus), ya disuelta, que tenía la función de desarrollar proyectos estratégicos de infraestructuras y urbanismo a nivel internacional, en países como Brasil o Rusia, función que no se contemplaba en los estatutos de BR "porque no tenía nada que ver con el mandato de la subvención" ha explicado Joan Linares, Gerente de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona y director de la Oficina para la Transparencia y Buenas Prácticas.

Por su parte, el tercer teniente de alcalde y responsable, entre otros, del área de Transparencia, Jaume Asens, ha querido aclarar que de lo que no se está hablando ahora es que "habido un enriquecimiento injusto de nadie" ni que "tampoco estamos acusando en los informes al señor Vives de que se haya embolsado dinero", aunque ha señalado que hay que aclarar las circunstancias del otorgamiento e inversión de a subvención.

De hecho, la Fiscalía no encontró indicios de delito en el gasto de cerca de 2 millones de euros que hizo BR entre el 2010 y en el 2015 proyectas calificados por una auditoría de "antieconómicos" y ruinosos en el extranjero. Las operaciones se hicieron primero a través de BSUS (creado en el 2009 por BR, el Consorcio de la Zona Franca, la Autoridad Portuaria de Barcelona y la Fundación Abertis) y a partir del 2014 por la misma agencia metropolitana. BSUS y BR tuvieron pérdidas de poco más de 800.000 euros entre el 2011 y 2014, y de 1,18 millones entre el 2014 y el 2015.

Dos contrataciones irregulares

El gobierno municipal también se plantea personarse en la causa abierta por la Fiscalía por dos contratos irregulares en BR durante el anterior mandato. En concreto, una querella por la contratación supuestamente simulada por Antoni Miquel Cerveró, conocido como 'Leslie' y líder del grupo Los Sírex, que fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona por CiU. El otro implicado es el alcalde de Cervelló Jesús Arévalo Bravo, alcalde de Cervelló por CiU. De hecho, Linares ha apuntado que se detectó que Arévalo, aunque tenía régimen de dedicación exclusiva como alcalde con un sueldo de 46.000 euros brutos anuales, tenía contrato con BR a "tiempo cumplido" con 40 horas semanales y una retribución de 34.000 euros brutos. "Y, según la Fiscalía, no pisó nunca su puesto de trabajo", ha señalado.

En cuanto a Leslie, cobró en calidad "de asesor ingeniero" en temas urbanísticos costeros, a pesar de no tener la calificación universitaria requerida para ejercer esta tarea, y mucho menos, para cobrar por ella. Por eso la Fiscalía imputa delitos como el de tráfico de influencias, prevaricación o falsedad documental y pide el reintegro de los salarios que obtuvieron Jesús Arévalo y Antoni Miquel Cerveró en aquel periodo.