El informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas sobre España que se publicará en septiembre constatará de nuevo la falta de progresos en el Estado español en memoria histórica, justicia, búsqueda e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Según la ONU, la gran mayoría de las exigencias hechas en España el año 2013 "siguen pendientes".

Ariel Dulitzky, al frente de la misión que visitó el Estado hace cuatro años y el único que todavía era miembro del grupo durante la redacción de este informe de seguimiento, explica que "no ha habido, lamentablemente, cambios".

Buena nota para Catalunya

Las únicas mejoras observadas por los expertos de la ONU en el Estado son a nivel autonómico. "En Catalunya habíamos visto algunos avances que han continuado después de nuestra visita. Teniendo en cuenta la inacción del gobierno, las iniciativas a nivel de comunidad autónoma adquieren más relevancia", destaca Dulitzky. La Generalitat ha puesto en marcha en los últimos meses un programa de identificación y apertura de fosas comunes, así como otro de identificación genética de los desaparecidos forzosos que pretende ayudar a las familias a encontrar a sus seres amados.

Obstáculos y deficiencias

Durante la visita de la comitiva de la ONU en el Estado español en el 2013 ya pudieron constatar que, aunque haría falta "una responsabilidad central" del gobierno español, éste "en cierta manera había privatizado el tema", dejando "a iniciativa de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica" todas las acciones, o delegando en las comunidades autónomas "sin ofrecerles ningún tipo de provisión de fondo o dirección política".

El texto publicado hace cuatro años también explicaba que existían "obstáculos y deficiencias del Estado español en el acceso y la aclaración de la verdad" y al localizar "a las personas desaparecidas".

Dulitzky advierte que si bien los informes del Grupo de Desapariciones Forzadas presentan sólo recomendaciones, "eso no significa que no tengan ningún valor". De hecho, destaca que las recomendaciones están basadas en "tratados internacionales obligatorios para España", que "ratificó libremente" y a los que tendría que dar cumplimiento.