La batalla de la conselleria de Ensenyament en el periodo de la exconsellera Irene Rigau, y en el de Meritxell Ruiz, ha sido poner fin a la LOMCE, ley impulsada por el exministro José Ignacio Wert. El motivo es la "invasión competencial" de Moncloa sobre las comunidades y los consecuentes recursos al Tribunal Constitucional, denuncia que es compartida por el País Vasco, Navarra. Frenar dicha tendencia será precisamente uno los retos para Mariano Rajoy, a las puertas del nuevo Pacto Nacional por la Educación en España que pretende cerrar la presente legislatura.

Ruiz ha denunciado en la comisión general de comunidades autónomas celebrada este martes que la ley Wert fue un "ataque sin precedentes al modelo catalán, queriendo introducir una división donde no lo había" y ha exigido que toda legislación venidera sea "respetuosa" con el plurilingüismo educativo.

"La LOMCE se aprobó con mayoría absoluta del Partido Popular, sin consenso de ningún tipo más allá que su propio modelo y despreciando al resto. Es segregadora", ha dicho la consellera. Acto seguido ha explicado que eso habría supuesto un choque con el modelo catalán, que suponía una "garantía de cohesión y ascensión social", que no generaría disensión en Catalunya, sino un consenso entre los grupos, como del expresidente José Montilla, ahora senador del PSC.

Ruiz ve el sistema catalán como una garantía de resultados, basado en la "pedagogía, y no en la ideología". Ha informado que Ensenyament ya estaba satisfaciendo los estándares 2020 de la Unión Europea, reduciendo el abandono escolar. La fortaleza vendría porque se basa en competencias básicas, no en estándares de aprendizaje, como el estatal. Pero la legislación ha sido recurrida por Rajoy, motivo por que ha considerado que se no tenía en cuenta "los retos educativos del presente" y ha avisado de que Catalunya trabajaba en un modelo basado en el diálogo con centros y docentes.

El choque entre autonomías y Estado también ha sido motivo de crítica por parte de la responsable del País Vasco, Cristina Uriarte, así como su homólogo navarro, José Luis Mendoza. La primera ha indicado que se está preparando una ley vasca que sustituya a la de 1996, que "fue aprobada ya entonces con amplísimo consenso social" y ha reclamado "más bilateralidad, partiendo del reconocimiento mutuo del marco competencial." El segundo ha reivindicado que la LOMCE se podría derogar porque no se caería en un vacío legal, sino que entraría en vigor la LOE del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2006).

"Nacionalismo español"

Si la consejera Ruiz señaló la LOMCE como una ley que minaría el modelo de inmersión y de competencias de la Generalitat, el turno de los partidos independentistas ERC y PDeCAT durante la Comisión General de Comunidades ha tomado un cariz más político. "Es una ley de ideología nacionalista española. Lo dijo el ex ministro Wert: vertebrar el Estado y españolizar a los niños catalanes" se quejó la portavoz republicana, Esther Capella. "Es un tapón que no nos permite avanzar, con pocos fundamentos pedagógicos" añadió el demócrata, Josep Lluis Cleries.

Más participación de comunidades y docentes

Las autonomías socialistas también han exigido la derogación de la 'ley Wert' y han apuntado dos demandas principales para emprender el Pacto Nacional. La primera es que se dote de más presupuesto a las comunidades, y la segunda es la creación de foros multilaterales. En total, tres espacios –complementarios a la conferencia sectorial que ya hay abierta en el Congreso con estos fines–, que son: otro ente en el Congreso, pero con la participación de los gobiernos autonómicos en igualdad de peso, un espacio equivalente en el Senado –que se ha aprobado por mayoría–, y la participación de los consejos locales para hacer intervenir la comunidad educativa y los docentes.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado satisfecho de estas peticiones porque a su parecer quiere decir que hay una "voluntad" de participar. Aquello que no ha querido aclarar es si les dará luz verde. "Después del debate hay una fase de propuestas, es todo muy interesante y hay que saberlas canalizar" ha asegurado durante el receso de la Comisión General. En lo que sí ha coincido más tarde es en la voluntad de "dejar atrás el pasado", como encajando la crítica a la LOMCE.

Pero el ministro llegaba con una agenda propia, que pasa por vincular el pacto educativo a un pacto presupuestario. Según ha dicho De Vigo, este tendría que disfrutar de una mayoría "supercualificada", es decir, de más de dos tercios de las Cortes, a fin de que vincular a futuros ejecutivos "con independencia de quien gobierne", y no según la alteración de las correlaciones de fuerzas políticas. Finalmente, ha recordado que los presupuestos de este año contemplan un incremento de plazas públicas de ocupación para centros educativos, con el fin de satisfacer la tasa de reposición.