Suspender la autonomía, intervenir los Mossos y destruir las urnas, estas son las medidas que el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo quiso aplicar con ocasión del proceso participativo del 9-N del 2014 y es lo que recomienda al presidente Mariano Rajoy que haga en caso de que el Govern catalán convoque un referéndum de independencia.

En concreto, Margallo considera que el año 2014 había que aplicar el artículo 155 de la Constitución, y a través de la suspensión de la autonomía, tomar el control de los Mossos durante 24 horas, y al mismo tiempo, requisar y destruir las urnas y papeletas con que más de dos millones de catalanes decidieron participar en la consulta, con abrumadora mayoría de la opción independentista.

Asimismo, según ha explicado en su intervención en el ciclo de diálogos "España plural, Catalunya plural" en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, estas medidas son las mismas que recomienda que aplique el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en caso de que el Gobierno convoque un referéndum de autodeterminación, porque "este referéndum no se puede celebrar". Margallo ha hecho estas declaraciones ante Juana Ortega, inhabilitada precisamente por el proceso participativo del 9-N.

"Fue un error no hacerlo"

"Pedí que se pidiera al Govern de la Generalitat que se destruyeran las urnas y papeletas que se estaban haciendo en una prisión, y si se negaba, que los Mossos d'Esquadra pasaran bajo las órdenes del Ministerio del Interior durante 24 horas para hacer eso. Simultáneamente, se tendría que haber iniciado una negociación para reformar la Constitución, blindar los derechos lingüísticos de los catalanes y mejorar el sistema de financiación", ha detallado el exministro.

Ante su propuesta, la respuesta de Rajoy y Fernández Díaz fue negativa y consideraron "una imprudencia" intervenir la Generalitat desde cualquier punto de vista. Eso, sin embargo, no hizo que Margallo cambiara de opinión y el exministro mantiene que fue "un error" no asumir su tesis.

Palo y zanahoria

Ahora bien, tras el palo de la amenaza de suspensión de autonomía, Margallo ha hecho uso de la zanahoria, apuntando que el proceso independentista en Catalunya ha de abordarse con diálogo entre las partes y "no sólo yendo a los tribunales" , precisamente ahora que la Fiscalía prepara una querella contra la Generalitat por comprar urnas para el referéndum, y que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado ante la justicia.

"Estamos donde estamos y esto solo se arregla hablando. Esto es un problema político que no se resuelve solamente con la brigada Aranzadi, que no se resuelve solamente yendo a los tribunales. Hay que hacer política", concluyó Margallo.

El exministro ha formulado tres ejes sobre los que empezar a abordar la situación: una reforma constitucional que atienda la desafección catalana, entre otras cuestiones; regular los derechos de las lenguas que conviven en España; y un "cambio radical" en el sistema de financiación.

Ofensiva internacional contra el procés

Por último, al ser preguntado por qué "favores" tuvo que pedir el gobierno español para conseguir posicionamientos favorables ante el conflicto catalán, el ministro ha querido matizar que "nunca ha habido ninguna contraprestación económica".

Ha explicado que, durante su mandato en Exteriores, España buscó la complicidad de la comunidad internacional para rechazar el proceso soberanista catalán, pero ha asegurado que en ningún caso pagaron con favores materiales a otros países: "Con mi presupuesto no podía ni mandar coca-colas".

"Mi preocupación es la unidad de España y he hecho todos los esfuerzos posibles para que todo el mundo mantuviera la indivisibilidad del territorio y mantuviera el derecho internacional", ha dicho. Por otra parte, ha aceptado que una Catalunya independiente sería "perfectamente viable siempre que tenga un amplio reconocimiento internacional y forme parte de la UE", condiciones que cree que no se cumplirán. "Las posibilidades de reconocimiento de un territorio que va a la secesión unilateralmente son prácticamente nulas", ha sentenciado.

Intento de pacto con el Estado antes del 9-N

Por su parte, la exvicepresidenta del Govern de la Generalitat Joana Ortega ha explicado que mantuvo una reunión secreta con la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, sólo una semana antes de la convocatoria del 9-N con la intención de intentar conseguir "un acuerdo para celebrar con garantías" la consulta prevista.

Al ser preguntada posteriormente por este encuentro secreto, Ortega ha detallado que mantenía a menudo reuniones "discretas" con la vicepresidenta española en la Moncloa con la intención de evitar la "presión de los periodistas y poder cerrar acuerdos", pero que en aquella ocasión fue imposible arrancar ningún compromiso al Estado.

"Sólo me llevé un 'no' por respuesta, y la sensación que yo intentaba hablar de la reivindicación de los ciudadanos pero me chocaba con una vicepresidenta que me hablaba sólo de una Constitución hermética imposible de rectificar. No había punto de encuentro", ha explicado.