El Congreso de los Diputados ha decidido prorrogar hasta el 31 de julio la comisión de la Operación Catalunya y del presunto uso partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz que tenía que concluir el 9 de junio. La decisión llega tras semanas de bloqueo del órgano, como consecuencia del desacuerdo de los partidos para fijar un calendario de comparecientes. Por ese motivo, el debate se ha convertido en una batalla de fuegos cruzados donde las formaciones se han propinado todo tipo de insultos, entre los cuales están "chivatos, postfranquistas y estalinistas".

Los principales reproches han sido dirigidos hacia Partido Popular, PSOE, y Ciudadanos, después de que el resto de grupos denunciaran una especie de estrategia implícita de estos para bloquear el avance de los trabajos. El hecho es que los últimos interrogados –el pasado 5 de abril– fueron el exjefe de Antifrau, Daniel de Alfonso, quien mantuvo su tono desafiante en todo momento, acusando a políticos y periodistas como única defensa, y también el exministro Jorge Fernández, quien acusó a ERC y PDeCAT de "manipular" con la Operación Catalunya.

Por eso, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha acusado al PP de haber actuado de "jefe", a Ciudadanos de "pelota" y al PSOE de "chivato", como los "tres amos de la fábrica", ha asegurado, dudando de que el órgano llegara a alguna conclusión. Por su parte, el diputado del PDeCAT, Sergi Miquel, ha denunciado un "olor de postfranquismo y a no querer saber", y la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, ha increpado "la triple alianza" sobre "qué tenían que "esconder", instándoles a dejar que fueran al Congreso excomisarios, e incluso, el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

El socialista Antonio Trevín se ha indignado y ha dicho que no aceptaba "lecciones ni una" de los independentistas catalanes, acusándoles de "matar con su método estalinista" la comisión de investigación del Parlament sobre los planes presuntamente suscitados por el senador de ERC Santiago Vidal. Tampoco acepta consejos de Unidos Podemos, a quien en su opinión sólo le interesa "el teatro" y "quedar bien con la prensa".

Desde el Partido Popular, Carlos Rojas ha reiterado el punto de la formación, y es que no habría caso para ser investigado, después de interrogar a De Alfonso y Jorge Fernández. "Está demostrado que no hay nada reprochable" en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, ha considerado. "Todavía estamos esperando que pidan algunos disculpas por haber mentido y haberle insultado", ha afirmado, desatando los aplausos de la bancada popular.

El presidente de la comisión, Mikel Legarda, del PNV, se ha quejado ante el pleno de que PP, PSOE y Ciudadanos han impedido comparecencias y han bloqueado "por diferentes motivos" el funcionamiento de la comisión. Legarda ha avisado de que ya sólo hay dos escenarios posibles: o la comisión se vuelve a bloquear y muere, o empieza a funcionar, y en este caso el plazo del 31 de julio será insuficiente.

La cuestión es que ante la amenaza de cierre por el fin del mandato, el órgano volvió a reunirse el lunes pasado y decidió citar al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó el próximo 6 de junio. Menos suerte tuvieron Unidos Podemos, ERC y PDeCAT, que reclamaron sin éxito la presencia de los excomisarios de Fernández Díaz, entre ellos, José Villarejo, José Ángel Fuentes Gago y Eugenio Pino.

Dado que PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV iban a forzar un pleno urgente por ampliar el plazo de trabajo hasta el 31 de diciembre, el PP accedió a cambiar el orden del día para una prórroga de dos meses, hasta el 31 de julio.