Dos parques fotovoltaicos en el Empordà, provincia de Girona. Una planta de biometano en Sentiu de Sió en la Noguera, en Lleida. O una fábrica de baterías en Mont-roig del Camp, Tarragona. Casi todos los proyectos que tienen que ser claves para descarbonizar la economía catalana y potenciar su industria se encuentran con la oposición de campesinos, plataformas de vecinos y a veces también de los Ayuntamientos. ¿Realmente se oponen a aberraciones ambientales o están instalados en una política del "no a todo"?
Mientras los activistas criminalizan la actividad económica y muchos empresarios desprecian e incluso ridiculizan la posición de agricultores y activistas tildándolos de nimby, el caso a caso nos muestra una realidad diferente y más compleja: dos partes que luchan por sus intereses y que la administración no acaba casi nunca de poner de acuerdo.
Ahora bien, mientras este pulso continúa y se le suma la lentitud administrativa de los últimos años, Catalunya ha quedado retrasada en renovables y solo cubre un 18% de su electricidad con energía verde propia, mientras camina hacia el final de la energía nuclear de cara al año 2035 que hoy día es responsable del 60% de la energía que se produce en Catalunya y casi un 50% de la que se consume.
La palabra nimby está formada por las iniciales de la expresión inglesa Not in my backyard (no en mi patio) y etiqueta a las personas que dicen que están a favor de las renovables, pero que las rechazan cuando las quieren poner en su vecindario.
Los parques fotovoltaicos de Girona
En el Alt Empordà y Pla de l'Estany, la plataforma "Sus Especulación verde" se opone a los dos proyectos fotovoltaicos planeados con poca distancia entre ambos. Por una parte, el Parque Solar la Farga, donde se prevén 75.930 paneles repartidos en 56 hectáreas entre Cabanelles para instalar 50 MW de energía que equivalen a 20.000 hogares, Vilademuls y Crespià. Y de la otra, Santa Llogaia, entre Navata y Lladó, de 62 hectáreas y 50 MW más, también unos 75.000 paneles.
Los consistorios de la mayoría de los municipios también se opusieron pidiendo una mayor participación del territorio a la hora de decidir dónde se tienen que poner las placas y participaron en las alegaciones presentadas por las plataformas. Josep Ciurana, portavoz de la plataforma, expresa varios argumentos. El primero, que "no hay participación del territorio ni en la decisión de donde es ni en el reparto de activos como en las comunidades energéticas".
"Son proyectos empujados por una especie de capital especulativo y de hacer negocio con el territorio sin contar con una planificación previa", añade Ciurana, que recuerda que una directiva europea obliga desde el 2023 en los estados miembros a tener una "cartografía coordinada" que prevea los lugares donde prioritariamente se puedan instalar renovables. Ciurana pide que estén en "sól ya degradado" o bien en polígonos industriales.
Este mapa, en Catalunya, tiene que ser el Plater, Plano Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya. "Haría falta tener primero el mapa y después hacer las renovables", defiende Ciurana.
El economista y miembro de Renovémonos, Mar Reguant, reconoce que "el mapa ayudaría mucho" a implantar renovables con menos oposición, pero al mismo tiempo defiende que hace falta que "mientras tanto se hagan casos claros primeros y no se genere una cola eterna de proyectos".
Sobre la dinámica de oposición generalizada a las renovables navega entre el reconocimiento que "hay alegaciones que tienen mucho sentido" y "la sensación que hay una posición cómoda que hace que se pierdan oportunidades para descarbonizar la economía". "La energía fotovoltaica es barata y solo ocupa espacio, no afecta a la salud. No es extremadamente perjudicial a la fauna y solo ocupa espacio", defensa.
Ahora bien, si que voz importante que "se busquen formas para que los pueblos se beneficien de los proyectos de renovables", como que puedan tener acceso a la energía a un mejor precio o que los impuestos que se pagan se dediquen a proyectos sociales beneficiosos para los ciudadanos.
En este sentido, se obligó a los promotores por ley en que abrieran el capital de los proyectos a los vecinos, pero "hay gente que no tiene dinero" para comprar participaciones, defiende Reguant.
Está de acuerdo Salvador Salat, portavoz de la delegación catalana de la patronal fotovoltaica UNEF, que además cree que "cuando la gente se queja, es por algún motivo", "se tienen que escuchar bien las reivindicaciones antes de tomar posición".
Unió de Pagesos, una de las plataformas más beligerantes contra los proyectos fotovoltaicos, pidió limitar el decreto ley que tenía que facilitar la implantación de parques con el fin de proteger el espacio agrario. Este decreto finalmente no fue votado por falta de apoyos en el Parlament.
Los campesinos piden priorizar la instalación "en terrenos ya artificiales o degradados" y en el mes de julio informó de que durante el primer semestre de este año había presentado alegaciones contra 22 proyectos fotovoltaicos.
El mismo Salado de la patronal fotovoltaica cree que se tiene que desarrollar la ley agraria porque "dice que se tiene que compensar la producción agraria que se pierda, pero no dice cómo". "Cada promotor hace una propuesta y eso no funciona" dice.
Sin embargo, Salado alerta que "toda la fotovoltaica no llegaría a ocupar ni el 8% del territorio y las hectáreas agrícolas que se han perdido desde el año 95, que han pasado de 900.000 a 800.000, no ha sido por los parques fotovoltaicos". La energía agrovoltaica, que hace convivir las placas más elevadas por encima de la agricultura, especialmente de regadío. Requieren, sin embargo, inversiones más elevadas que comprometen la rentabilidad de los proyectos.
En un intento por acercar posiciones, el pasado miércoles la patronal UNEFCAT y la la Asociación Catalana de Regantes firmó un acuerdo con el fin de presionar las instituciones y asentando las bases de la coexistencia.
El caso Lotte
La transición ecológica no solo se hará con las energías renovables que tienen que sustituir en los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global. También existe una industria que tiene que acompañar los sectores que tienen que utilizar estas energías. El principal ejemplo es el vehículo eléctrico, clave en la descarbonización, y que requiere unas baterías que llevan elecfoil, unas finas láminas de cobre indispensables. Lo utilizas surcoreana Lotte, después de negociar con el Gobierno, decidió poner una fábrica de 44 hectáreas en Mont-roig del Camp que también se ha encontrado con la oposición de los vecinos.
Con una inversión de 400 millones de euros que pueden llegar a los 1.200 si se desarrollan las tres plantas contempladas al proyecto, el proyecto industrial de la empresa surcoreana espera arrancar el año 2027 y dar trabajo a entre 600 y 1.400 trabajadores.
Aunque los movimientos del suelo para industrializar los terrenos ya han empezado, el grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes (GEPEC), junto con Unió de Pagesos y la Asociación de Mont-roig del Camp han presentado una demanda, tal como adelantó ON ECONOMIA, contra la modificación del plan urbanístico por los riesgos ambientales y la opacidad administrativa de que acusan el proyecto.
El plan urbanístico estaba previsto por actividades industriales de bajo impacto y ahora se amplía, y los denunciantes alertan de que existe riesgo para especies protegidas como el águila perdicera o la terrera vulgar, en peligro de extinción. Además, creen que se ha vulnerado el derecho a participación y que hay un gasto excesivo de agua.
Joan Genebriera, de Salvem Mont-roig y vecino del polígono que queda al lado de la fábrica denuncia la "proximidad" con los 750 vecinos no solo de la fábrica, sino de un parque fotovoltaico "que quedará a solo dos o tres metros de las viviendas". Denuncia que "habrá contaminación" y cree que es un lugar inadecuado por "el interés turístico y ambiental". Y apunta que el proceso electrolítico para hacer las baterías utiliza ácido sulfútic, sosa cáustica y ácido crolídric y crómico que contaminan.
La plataforma, explica Genebriera, también alerta de un "consumo excesivo de agua", que cifran en 7 millones y medio litros diarios, 4 veces más que el municipio de Cabrils.
Desde Renovémonos, en cambio, defienden la llegada de Lotte, que ven "estratégica" para la descarbonización y apuntan que la cifra oficial de consumo de agua es de 2,5 millones de litros y no 7, ya que "2.000 metros cúbicos al día se recuperan en circuitos de reutilización", y la cifra total asciende con eso en 4,5. "El suministro proviene del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), que tiene una capacidad de 345.600 m³/día; por lo tanto, la planta representaría solo 0,7% del total autorizado. No se presionan acuíferos locales", apuntan desde Renovémonos.
El biogás de Sentiu de Sió (Lleida)
El choque entre el territorio y la descarbonización se siente también en el municipio leridano de La Sentiu de Sió, donde el fondo CIP y Connect Bioenergy tiene que hacer Cobirgy, una gran planta de biogás que tiene que producir 200 GWh cada año, equivaliendo al consumo de gas de 23.000 hogares.
Las plantas de biogás no solo descarbonizan el uso del gas con un balance neutro de emisiones, sino que también sirven para que las granjas den salida a unos purines que en muchas ocasiones contaminan el suelo. El ruido de los camiones y el olor de purines acostumbran a ser quejas de los vecinos cuando se tiene que instalar una planta de estas características. 300 ganaderos del entorno se han adherido al proyecto.
Ahora bien, la planta ha recibido hasta 1.500 alegaciones con el apoyo de varias entidades locales y hasta 27 ayuntamientos del territorio. En efecto, las plataformas denuncian que no se han calculado correctamente los impactos en emisiones y olores sobre el proyecto y que no respetan las distancias mínimas con explotaciones ganaderas más próximas ni con el agua de boca y de riego del Canal de Urgell.
Por todo eso, pidieron que no se aprobara el plan urbanístico, que finalmente salió adelante. El pasado mes de junio, la planta recibió la autorización ambiental positiva que da respuesta a estos tipos de riesgos.
Vistos desde lejos, todos estos proyectos son clave para descarbonizar la economía catalana, un paso decisivo para mitigar los efectos del cambio climático y además para potenciar la industria. Vistos de cerca, son muchos los vecinos, plataformas y municipios que no lo ven nada claro.