El proyecto de la multinacional surcoreana Lotte Materials en Mont-roig del Camp tropieza con un nuevo obstáculo judicial que podría hacer descarrilar la inversión. El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC), la Unió de Pagesos y la Associació de Veïns Club Mont-roig han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a la cual ha tenido acceso ONEconomía, contra la modificación del POUM de Mont-roig del Camp por los riesgos ambientales de una fábrica de componentes para baterías y por la opacidad administrativa del proceso ded implantación. La de Mont-roig sería la primera factoría en Europa de la compañía surcoreana.
La demanda que se ha interpuesto incide en la modificación urbanística que se ha hecho con el fin de permitir la implantación de actividades industriales de riesgo en el polígono de Els Comellarets, a unos 200 metros de distancia de una urbanización. La demanda advierte que el ayuntamiento ha hecho la modificación "escondiendo" que la finalidad es la instalación de una nueva fábrica. Los denunciantes consideran que de esta manera los promotores intentan ahorrarse una evaluación necesaria del impacto ambiental de la industria sobre el territorio.
Cuestionan la modificación del POUM
Hasta ahora el polígono donde Lotte pretende alzar su fábrica permitía actividades industriales de bajo impacto. Con los cambios que se han hecho, se amplía el abanico y se permitirán actividades que pueden implicar riesgos para el medio natural y la población humana, que son nocivas o bien peligrosas. Los denunciantes consideran que el anterior POUM (del 2006) protegía a los vecinos, y por eso limitaba la actividad en el polígono. Ahora, en cambio, los demandantes alegan que el ayuntamiento habría obviado los riesgos y estaría desprotegiendo el vecindario.
La demanda también apunta que la instalación de la fábrica supondría la destrucción de hábitats críticos para especies que están protegidas como el águila cuabarrada y la terrera vulgar, que están en peligro de extinción. También especifican en la demanda, que el proyecto amenaza la presencia de la tortuga mediterránea en este entorno. El escrito de demanda también denuncia que la Declaración de Impacto Ambiental -es un documento legal y técnico que emite la administración ambiental para evaluar si un proyecto puede afectar al medio ambiente y establecer las condiciones para protegerlo- se emitió antes de publicarse, sin tener en cuenta el alcance real del proyecto, incumpliendo requisitos solicitados por la Oficina Catalana del Canvi Climàtic y sin estudios sobre emisiones, consumo de agua y riesgo químico. Esta oficina ha pedido al ayuntamiento que se valore el impacto atmosférico y que se especifique cómo se hará frente a las necesidades de agua. El consistorio ha rechazado responder el informe indicando que no conoce la actividad que se desarrollará en el polígono.
Vulneración del derecho de participación
La demanda también pone el dedo en la llaga sobre la presunta opacidad y deficiencias del proceso administrativo puesto en marcha por el ayuntamiento para facilitar la instalación de la fábrica. Las entidades creen que el consistorio no ha informado de forma adecuada a los vecinos y, en este sentido, el escrito apunta que se podría haber vulnerado el derecho de participación con el incumplimiento de derechos reconocidos en el Convenio de Aarhus -vinculante para todos los países que lo han ratificado, como es el caso de España. Este convenio reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y da herramientas a los ciudadanos para acudir a los tribunales y reclamar responsabilidades o anular resoluciones. En este ámbito, la demanda también cree que se ha vulnerado el principio 10 de la Declaración de Río -un documento adoptado por la ONU en 1992 aunque no es vinculante- que defiende el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre cuestiones ambientales, el derecho a participar en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estas cuestiones.
La demanda choca con la defensa que del proyecto se ha hecho institucionalmente. El president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita a Corea el mayo pasado, reafirmó ante los máximos dirigentes de la multinacional el compromiso del Govern con la inversión, valorada en 1.200 millones de euros y vinculada a la creación de 1.400 puestos de trabajo. Este proyecto, que Illa heredó del Govern de Pere Aragonès, es considerado estratégico por la administración catalana.