El pasado 30 de junio, España y el resto de miembros de la Unión Europea tenían que presentar sus Planes Sociales para el Clima, que deben ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en las poblaciones vulnerables. Tan solo Suecia presentó su propuesta y España es uno de los países que va tarde en su paquete de medidas de 9.000 millones de euros que debe ayudar a combatir la pobreza energética, que se ceba con los ciudadanos tanto en verano como en invierno. Suecia es el único país que presentó su proyecto.
Europa dedicará 65.000 millones de euros a este cometido, de los que aportará un 10.52% a España, unos 6.838 millones, que cada estado debe completar con un 25% del importe, en este caso 2.200 millones más. No presentar el proyecto en plazo no tiene penalización alguna, pero los planes deben estar listos a final de año para empezar a implementarse a principios de 2026.
La pobreza energética, usualmente vinculada a la incapacidad para calentar el hogar en invierno, está cada vez más presente también en verano, cuando son muchos los hogares que no cuentan con aire acondicionado y con capacidades para afrontar unas olas de calor cada vez más violentas. En España, un 17,6% de las viviendas no puede permitirse mantener con la temperatura adecuada, uno de los países con más riesgo de pobreza energética. El porcentaje se eleva a un tercio de la población, el 33%, cuando hablamos del verano. Además, el 40% de las medidas de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 no se han implementado.
El aumento de renovables en el mix eléctrico ayuda a reducir la factura de la luz y la electrificación de sectores como la industria, el consumo doméstico o el transporte, que es el tercer factor en lo que más gasta la población, deben extender esta autonomía y bajos precios, con un aumento de la desvinculación entre el consumo energético y los combustibles fósiles, que son importados de países donde puede haber y de hecho hay tensión geopolítica que los encarece.
Pero la electrificación y la rehabilitación energética tienen unos costes que no todas las familias se pueden permitir. Ventanas aislantes, instalaciones de autoconsumo o aerotermias son algunas de las medidas que pueden ayudar, hogar a hogar, a reducir el riesgo de pobreza energética. En este sentido, el Ministerio aprobó recientemente que los Ayuntamientos puedan deducir hasta un 50% del IBI y un 95% de los impuestos sobre obras para instalar la aerotermia, como ya se hace con el autoconsumo.
Pero el Plan social para el Clima, que se debe coordinar con otros planes como el de Renovación de Edificios y la Estrategia contra la Pobreza Energética 2025-2030, ha de ir un paso más lejos. A la espera de conocer el proyecto del Gobierno, la Alianza por la rehabilitación energética sin dejar a nadie atrás, que une a diversas entidades, propone una serie de medidas. Pide ayudas del 100% a la sustitución de calefacciones por equipos renovables, así como a los edificios menos eficientes y un acompañamiento técnico, social y administrativo en la renovación de las viviendas, así como fomentar la renovación de viviendas barrio a barrio. También solicitan ayuda a compra de vehículos eléctricos, bonificación y gratuidad de transportes públicos para usuarios vulnerables y facilitar leasing de vehículos a personas que viven en medios rurales y cuentan con limitaciones económicas.
Cecilia Foronda, directora del área de Energía y Personas de ECODES, una de las entidades en la Alianza, defiende que "este plan va a ayudar a minimizar el impacto que va a tener la entrada del combustible para calefacción y para el transporte de carretera en el mercado de derechos de emisión europeo". "Nos permitirá que las personas en pobreza energética y las viviendas vulnerables puedan rehabilitar su hogar o tengan ayudas para pagar sus facturas de energía y así mejorar el confort de su vivienda y también su salud”, añade.