El Gobierno ha presentado este viernes la propuesta de planificación de red de transporte de electricidad camino a los objetivos 2030 y ha abierto el camino para que las eléctricas inviertan 13.590 millones hasta el final de la década. Las inversiones ayudarían a desatascar una red que está ocupada en el 83,4% de su capacidad para nueva demanda en las líneas de tensión. El ejecutivo aumentará los topes a inversión en redes impuestos a las energéticas, pero aumentará el control sobre su actividad, con tal que justifiquen sus inversiones y movimientos. 

"Es un marco para anticipar el despliegue de redes durante esta década, impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía y reforzar la competitividad de España” ha dicho la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, durante la presentación de la propuesta, que se encuentra en audiencia pública.

Con la propuesta, se pretende atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo cual implica multiplicar por 14 los actuales 2 GW. Y en la red de distribución se pretende sumar otros 5,3 GW, con 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución). La mayor nueva demanda a otorgar va destinada al hidrógeno verde, con 13,1 GW seguida de proyectos industriales, con 9 GW, mientras que 3,8 GW va a centros de datos, 1,8 GW deben de ir a desarrollos residenciales y nuevs viviendas, 560 MW a electrificación ferroviaria, 1,2 GW a electrificación portuaria.

En cuanto a generación, hay peticiones de 150 GW para producir fotovoltaica (cinco veces más que el PNIEC) y de 60 para eólica, el doble que los planes hacia 2030. También se prevén 6,6 GW de hidroeléctrica reversible dentro del almacenamiento, con tal de reducir los vertidos de electricidad al 3,3% al final de la década. 

En las anteriores planificaciones, la nueva generación se llevaba la mayor parte de los permisos, mientras que ahora toma la palabra la demanda, con el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguida por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. La propuesta plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red. 

Con tal de potenciar este incremento de la electrificación en España, el Gobierno subirá los topes a la inversión en redes, de forma que prevé un aumento adicional de inversión en redes de transporte de 3.600 millones y de 7.700 en redes de electricidad, de forma que se elevará por encima de los niveles del 0,065% y 0,13% del PIB fijados hasta la fecha, a las que habrá que sumar las inversiones internacionales no limitadas por los topes. Estas inversiones, en el caso de la distribución, deberán justificarse por las empresas y demostrar que van a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo –contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–, y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución. 

Al menos el 10% debe mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de datos, entre otras ventajas. Un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria. Hasta un 5% se destinará a adaptar las redes existentes para proteger la avifauna, ya que las nuevas se diseñan y construyen con criterios de protección.

El Gobierno impondrá a las empresas mayor transparencia y control "reduciendo la incertidumbre sobre la ejecución de las infraestructuras". Estarán obligadas a someter sus planes de inversión a consulta previa, publicar los planes aprobados y verificar el cumplimiento de dichos planes de manera anual. Podrán recibir sanciones en forma de rebaja de límites de inversión si no cumplen.