Sorprende, y a la vez no sorprende, observar cómo se mantienen los tics centralistas de un Estado del cual algunos proclaman “es uno de los más descentralizados del mundo”. Y no solo en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas del día a día de las administraciones centrales. Leo. El Instituto de Estudios Fiscales ofrece en Madrid un curso de "formación en Análisis Coste Beneficio" en la sede de su organismo. Establece un precio general bastante bajo y añade: es gratuito "para los funcionarios del Ministerio de Hacienda". Como este curso, muchos otros que a lo largo del año se anuncian en el IEF, y en otros organismos del Estado en Madrid, muestran ese tic centralista.

Detengamos las máquinas. Quienes sabemos lo que cuesta organizar un curso de esas características comprobamos que el precio fijado difícilmente puede cubrir todos los costes de funcionamiento, por lo que la diferencia debe incrementar el déficit de su prestación y la transferencia a cargo del contribuyente. Quizás no se han computado todos los costes. ¿Se trata así de competencia desleal con otras instituciones privadas que ofrecen cursos similares y que deben cubrir todos los gastos asociados? ¿La utilización de equipamientos públicos, tiempo de secretaría, uso de redes telemáticas, están bien computadas en el coste? La realidad es que hay servicios de las administraciones que no solo no obtienen un ingreso de explotación de esos servicios, sino que son subvencionados para que sus beneficiarios tengan acceso bonificado. ¿Recuerdan cuando al presidente Zapatero se le preguntó cuánto costaba un café y respondió con un precio ínfimo, que era el que pagaban sus señorías en el bar del Congreso? Pues eso.

Bien. Supongamos que esta formación tiene suficientes externalidades de bien común (evaluar es, efectivamente, importante para cualquier decisión pública) como para que se justifique que, al menos en parte, el curso lo financiemos entre todos. Es el argumento de los beneficios sociales que superan a los particulares, pero ¿por qué razón, si es el caso, deben quedar exentos de pago los funcionarios de Hacienda y no el resto? ¿No es el Instituto de Estudios un organismo de la Administración General del Estado que vela por el conjunto de las buenas políticas públicas? ¿Por qué no se extiende el beneficio hacia otros Ministerios? ¿No acaba todo pagado por una bolsa común? Si formar en evaluación es bueno, ¿por qué no se aplica también respecto a las decisiones de los grandes ministerios “gastadores”? En todo caso, ¿no sería mejor que, aceptando ese interés general, el particular se acompañara de alguna forma de copago? Como suele decirse, el precio aumenta el aprecio.

Sigamos. El IEF es sin duda un organismo que pagamos entre todos los españoles. El Estado no es, sin embargo, solo la Administración Central madrileña. ¿Por qué razón no se extiende la formación, al precio que sea, hacia las Administraciones Territoriales? Alguien puede decir que algunas CCAA tienen ya sus propias escuelas de formación (en Catalunya, la Escola d’Administració Pública, Ivàlua para políticas sociales y AQuAS para las sanitarias). Notemos la diferencia. Aquí nos las estamos financiando por nuestra cuenta, a costa de otras necesidades más perentorias, aunque eso no nos exime de financiar obligatoriamente las correspondientes del Estado. ¿No son todas las Administraciones igualmente Estado?

Son pequeños tics que nos muestran lo mucho que necesita cambiar el Estado español para alcanzar una realidad ‘federalizante’

Continuemos. Que el curso se realice en Madrid, además del coste de la matrícula que deben asumir todos aquellos que no son funcionarios de Hacienda, soporta el doble peaje del desplazamiento y la pernoctación, si se desea asistir presencialmente. ¿No sería lógico que, para los seleccionados por razón de mérito, ya sea desde la función pública o no, central o territorial, el organismo favoreciera la subvención de esos costes extra, todo lo demás igual?

Finalmente. Muchos de estos cursos de formación en la nueva gestión pública predican que algo gratuito nunca se valora lo suficiente, y que vale más un crédito para el individuo destinatario que mantener una demanda cautiva para todo un colectivo, a efectos de que cada cual haga su propio coste-beneficio particular y decida en consecuencia dónde formarse entre las entidades acreditadas para dicha función. Si una formación de estas características uno quiere hacerla en Esade, en la universidad pública o donde crea, debería ser posible. El vale, como instrumento de gestión pública, puede cubrir una cantidad fija (la que sea) para favorecer la libre elección. Y si alguien prefiere la marca al genérico (más barato), que valore si el beneficio marginal del glamour de la marca lo vale respecto a la alternativa, visto el coste adicional que deberá pagar de su bolsillo.

Predicar lo que no se practica es hipocresía. Está claro que si todo esto que está ocurriendo, a la vista de estos tics, no pasara, dejaríamos de identificar Estado con Administración Central, consideraríamos una función pública “al servicio de todos los ciudadanos” y no del “Ministerio empleador”, entenderíamos que la equidad de acceso requiere la igualdad de oportunidad efectiva y que la buena formación no es la que uno hace con los suyos (in house), ideología incluida, sino con las ventanas abiertas a la realidad del mundo. Y, por supuesto, que la eficiencia en la decisión empieza porque uno haga su propia evaluación individual de cómo mejor amortizar el coste de la instrucción con el beneficio resultante de la prima derivada de una mejor formación.

Podría dar más ejemplos. Son pequeños tics que nos muestran lo mucho que necesita cambiar el Estado español para alcanzar una realidad federalizante. El grueso posiblemente está hoy en la ubicación de las sedes territoriales de los organismos centrales. Pero en las pequeñas cosas se comprueba que el problema es de fondo.