La semana pasada se constató un nuevo aumento de la presión fiscal a autónomos societarios, es decir, a administradores de empresas: su base mínima de cotización sube un 42%, desde los 1.000 euros mensuales hasta los 1.424,4 euros mensuales. Comparativamente, se traduce en unos 135 euros más de cuota, es decir, 1.620 euros adicionales al año para quien cotiza por el mínimo, que se suman a la retención de IRPF correspondiente a la nómina, haciendo que la presión fiscal se acerque en muchos casos al 50% de los ingresos. Aunque mediáticamente se ha vendido como si fuera una especie de impuesto a los ricos, lo cierto es que la medida afecta a más de un millón de personas entre autónomos societarios y familiares colaboradores, dado que el tejido empresarial de España está notablemente atomizado y tiene un porcentaje más elevado de micropymes y empresas unipersonales que los países vecinos.

Se podría decir que el aumento de este impuesto no es, propiamente, un escándalo. Pero empieza a ser escandaloso el panorama de aportadores netos y receptores netos de las arcas públicas, que a lo largo de la última década ha sufrido una auténtica transformación. En España hay una evidente apuesta política por la compresión de las rentas altas y la expansión paralela de las transferencias a los tramos bajos, haciendo que se avance hacia una única renta, es decir, una sociedad donde todo el mundo cobra lo mismo, y todo el mundo cobra poco. Vivimos una política fiscal orientada al mínimo común múltiplo, a igualar por debajo.

Ejemplos de modificaciones de política económica que llevan hacia aquí hay muchos: los fuertes aumentos del salario mínimo interprofesional hasta los actuales 1.184 euros mensuales, el IRPF que no se ha deflactado en consonancia con una elevada inflación y que, de facto, da como resultado una subida récord de las rentas al trabajo; aumentos de la cuota de autónomos no societarios, el impuesto a las grandes fortunas... Sistemáticamente, se incorporan o aumentan los subsidios a rentas bajas y los impuestos a rentas altas. Esta fuerte creencia en la redistribución también infla los ingresos y gastos del Estado, haciendo que año tras año se batan récords de recaudación y récords de gasto público.

Vivimos una política fiscal orientada al mínimo común múltiplo, a igualar por debajo

Se trata de un planteamiento que genera dos problemas significativos. El primero es un problema de meritocracia: a pesar de que no podemos identificar una equivalencia automática, es evidente que históricamente ha habido una correlación alta entre los mayores tramos de renta y un grado más elevado de estudios. También entre rentas elevadas y un nivel más alto de asunción de riesgos financieros y jurídicos. Pensar que la justicia social equivale a una reasignación más elevada de rentas altas a rentas bajas implica olvidarse de premiar a quien ha estudiado más, a quien ha arriesgado sus ahorros o ha tomado una decisión que potencialmente le genera riesgos legales significativos.

El segundo problema, derivado del primero, es la progresiva laminación de los incentivos. Para quien ya ha arriesgado el patrimonio para montar una empresa o ya está expuesto a riesgos legales significativos para que una operativa empresarial compleja lleve su firma, puede ser sencillamente un planteamiento injusto, pero para quien aún no lo ha hecho, se elimina el incentivo a hacerlo: ¿por qué alguien debería querer arriesgar su patrimonio, si sin hacerlo llegará allí mismo? ¿Por qué razón dedicar un puñado de años a estudiar una disciplina si se acabará disfrutando de las mismas condiciones que quien no lo ha hecho? La consecuencia agregada es una pérdida de capacidad productiva, de generación de riqueza, que no compensará ninguna transferencia social. España ya tiene una de las tasas de inversión empresarial privada más bajas de Europa occidental, y la tendencia no apunta a la mejora.

En definitiva, la modificación impositiva a las cotizaciones de autónomos societarios quizás no sería merecedora de ninguna reflexión profunda por sí misma, pero sí lo es si se identifica como un síntoma más de la confusión que el Estado español tiene entre redistribución y creación de riqueza. La línea ideológica actual asume implícitamente que las rentas altas existirán siempre, sea lo que sea que se haga con ellas, es decir, que no habrá una pérdida de interés en el emprendimiento, una fuga de las grandes fortunas o decrementos de la productividad. La historia económica —desde la Argentina de los años setenta hasta la Francia de los ochenta, que tuvo que dar marcha atrás con el impuesto sobre el patrimonio— demuestra que esta suposición es errónea. No se trata de defender privilegios: se trata de entender que el bienestar colectivo se construye sobre la capacidad de acumular para invertir, sobre premiar el mérito de asumir riesgos como incentivo para que más gente los asuma. En una sociedad que tiende a la renta única, la pérdida de interés en todo aquello que suponga un sobreesfuerzo será inevitable.