El éxito o el fracaso de un país no es una abstracción. No es un dato macroeconómico lejano ni un debate para expertos. Tiene consecuencias muy concretas en la vida de la gente: en los salarios, en la calidad de los servicios públicos, en las oportunidades de los hijos, en la capacidad de emprender, en el precio de la vivienda, en la posibilidad de construir un proyecto de vida con esperanza. También determina otra cuestión decisiva: la proyección futura de una nación en un mundo cada vez más competitivo y más tecnológico.

En este terreno, el ascenso de China es una lección que Occidente no puede seguir mirando con superioridad o con displicencia. En poco más de una década, China no solo se ha convertido en líder en muchos ámbitos industriales y tecnológicos, sino que ha sido capaz de construir una amplia clase media, de elevar el nivel de vida de cientos de millones de personas y de situarse en el centro de algunas de las grandes cadenas de valor del futuro. Sus universidades forman talento de alto nivel. Sus empresas compiten globalmente. Sus productos ya no son una copia barata de los nuestros: en muchos sectores, son mejores, más rápidos o más escalables.

Y eso nos incomoda porque compiten con nosotros. Pero la culpa no es de China. El problema es nuestro. Hace demasiado tiempo que Europa vive de una inercia de prosperidad pasada mientras otros países construyen su prosperidad futura.

La pregunta, pues, es inevitable: ¿cómo lo ha hecho China? Evidentemente, no hay una sola explicación. En los fenómenos sociales y económicos, las causas son siempre múltiples. Hay instituciones, hay cultura, hay demografía, hay inversión, hay geopolítica, hay planificación industrial y hay, también, costes políticos y sociales que no deberíamos idealizar. Pero, dicho esto, hay una idea que cada vez gana más fuerza: los países acaban pareciéndose a las élites que seleccionan y promocionan.

En China ha habido durante décadas una presencia muy notable de ingenieros, tecnólogos y perfiles orientados a construir, escalar y ejecutar

Esta es, en esencia, la tesis que ha popularizado Dan Wang en Breakneck, un libro publicado en 2025 que ha tenido bastante eco. Wang, formado en ciencia política, pero especializado en tecnología y política industrial, plantea una idea provocadora: mientras que una gran parte de la clase dirigente norteamericana proviene del mundo del derecho, en China ha habido durante décadas una presencia mucho más notable de ingenieros, tecnólogos y perfiles orientados a construir, escalar y ejecutar. Simplificando: unos tienden a pensar en términos de normas, procedimientos y contención; los otros, en términos de sistemas, infraestructuras, producción y despliegue.

No hace falta comprar toda la tesis para admitir que hay una verdad importante detrás. Quien gobierna condiciona la manera de ver los problemas. Y la manera de ver los problemas condiciona la manera de intentar resolverlos.

En nuestra casa, y en buena parte de Europa, la política se ha llenado de perfiles que saben hablar muy bien de los problemas, pero no necesariamente saben resolverlos. Tenemos demasiados políticos procedentes de la comunicación, del activismo, del periodismo, de los aparatos de partido o de profesiones vinculadas a la mediación social y jurídica. No se trata de menospreciar a nadie. Todas estas profesiones tienen valor. Toda sociedad necesita buenos juristas, buenos periodistas y buenos trabajadores sociales. Pero una cosa es que sean profesiones nobles y necesarias, y otra es pensar que son, por defecto, los perfiles más adecuados para liderar un país en plena disrupción tecnológica.

Porque hoy gobernar un país significa entender —aunque no sea hasta el detalle técnico— qué está pasando con la inteligencia artificial, con la automatización, con los semiconductores, con las plataformas digitales, con la ciberseguridad, con la transición energética, con los datos, con la biotecnología, con la computación avanzada y con la nueva geopolítica de las cadenas de suministro. Significa entender que la productividad futura, la calidad del trabajo e incluso la soberanía política dependerán cada vez más de capacidades tecnológicas e industriales concretas.

Nuestros dirigentes tardan dos o tres años de una legislatura de cuatro en entender mínimamente de qué va el tema que tienen entre manos

Y aquí tenemos un problema evidente: demasiado a menudo, nuestros dirigentes tardan dos o tres años de una legislatura de cuatro en entender mínimamente de qué va el tema que tienen entre manos. Cuando lo empiezan a entender, ya se acerca el final del mandato, ya han cambiado las prioridades comunicativas o ya se han convocado elecciones. La política se convierte así en un sistema de gestión del corto plazo, dominado por el relato, por el titular y por la ley declarativa, pero con muy poca capacidad real de construcción.

Nos hemos acostumbrado a confundir gobernar con legislar. Pero gobernar no es solo hacer leyes. De hecho, en épocas de gran transformación, a menudo es mucho más importante saber construir que saber regular. Hay que construir infraestructuras digitales. Hay que construir ecosistemas empresariales. Hay que construir mercados. Hay que construir talento. Hay que construir instituciones capaces de aprender. Hay que construir proyectos de largo alcance entre universidades, centros tecnológicos, empresas y administraciones. Hacer una ley es relativamente fácil. Construir capacidad es mucho más difícil. Y mucho más decisivo.

Esto no significa que tengamos que entregar el poder a los ingenieros como si fueran una nueva casta iluminada. Ni que la política deba tecnocratizarse hasta olvidar la justicia social, la representación democrática o la pluralidad de valores. La democracia no es una empresa y un país no se gobierna como una fábrica. Pero también es cierto lo contrario: no podemos seguir gobernando sociedades tecnológicamente complejas como si todo se resolviera con habilidad retórica, sensibilidad social y buenas intenciones normativas.

El reto de esta década no es solo redistribuir mejor. Es volver a producir mejor. No es solo proteger a los perdedores del cambio. Es también generar ganadores nuevos. No es solo evitar abusos. Es crear capacidades. Y para hacer esto se necesitan personas en el poder que entiendan los incentivos económicos, la innovación, la escala, la productividad, la ingeniería institucional y el funcionamiento real de la tecnología.

Necesitamos menos adictos al relato y más personas capaces de desplegar proyectos. Menos gestores del símbolo y más constructores de capacidad

Nos hacen falta más tecnólogos en la política, sí, pero también más economistas en el sentido noble del término. No economistas de tertulia ni guardianes del dogma presupuestario, sino personas capaces de entender cómo se crea valor, cómo se difunde la innovación, cómo se eleva la productividad de un tejido empresarial y cómo se construye prosperidad sostenida. Durante demasiado tiempo hemos visto la economía como una restricción y no como una arquitectura de posibilidades. Y durante demasiado tiempo hemos pensado la tecnología como una cuestión sectorial, cuando en realidad es el eje transversal que reorganiza todos los sectores.

La irrupción de la inteligencia artificial hace aún más urgente este cambio de mentalidad. La IA no es una moda pasajera. Es una tecnología de propósito general que transformará profesiones, empresas, servicios públicos, educación, investigación y administración. Redefinirá las jerarquías productivas y redistribuirá poder entre países. Quienes la entiendan y la integren mejor ganarán ventaja. Quienes solo la regulen o la comenten desde fuera quedarán subordinados.

Europa corre el riesgo de convertirse en un continente experto en redactar normas sobre tecnologías que otros inventan, financian, escalan y exportan. Es una posición cómoda moralmente, pero pobre estratégicamente. Y es exactamente el tipo de decadencia que no queremos admitir: la de una sociedad que conserva discurso pero pierde capacidad.

Catalunya y España deberían tomar nota. Necesitamos una renovación profunda de los perfiles que llegan a puestos de decisión. Necesitamos gobiernos con más cultura científica, más sensibilidad industrial, más conocimiento económico y más experiencia en construcción organizativa real. Necesitamos menos adictos al relato y más personas capaces de desplegar proyectos. Menos gestores del símbolo y más constructores de capacidad. Menos política entendida como ocupación del espacio público y más política entendida como creación de futuro.

Nos hacen falta más tecnólogos en el poder. Y nos hacen falta también más economistas. No para sustituir la política, sino para hacerla posible

Esto afecta a los partidos, que deberían reclutar mejor. Afecta a las administraciones, que deberían promocionar mejor. Afecta a las universidades, que deberían conectar más con las políticas públicas. Y afecta también a los ciudadanos, que deberíamos empezar a pedir a nuestros dirigentes algo más que empatía, oratoria y presencia mediática.

En tiempos de estabilidad, quizás basta con políticos hábiles, prudentes y adaptativos. En tiempos de disrupción, esto ya no basta. Cuando el mundo cambia a gran velocidad, los países no pueden ser dirigidos por personas que llegan tarde a entender el cambio. Necesitamos políticos con agenda, con criterio, con ambición de país y con voluntad de construir.

No es una cuestión corporativa. No se trata de decir que los ingenieros son mejores personas o que los economistas siempre tienen razón. Se trata de asumir que las sociedades del siglo XXI necesitan gobiernos que comprendan el funcionamiento del siglo XXI. Y este funcionamiento es, en gran parte, tecnológico, productivo y económico.

Por eso, sí: necesitamos más tecnólogos en el poder. Y necesitamos también más economistas. No para sustituir la política, sino para hacerla posible. No para gobernar contra la democracia, sino para evitar que la democracia se vuelva impotente. No para admirar acríticamente a China, sino para entender una lección incómoda: el futuro no lo escribirán quienes mejor lo comenten, sino quienes sean capaces de construirlo.